22 de noviembre 2024

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La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó un sumario contra los jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Tercer Tribunal de Juicio Oral de Santiago, por probables negligencias en el Caso SQM. Esto, luego que se decidiera aplazar el inicio del juicio oral de dicha causa del 1 al 13 de febrero, cuando se espera que finalmente inicie el proceso por financiamiento ilegal de la política.

Además, el juez de garantía, Leonardo Valdivieso, quien debía presentar el documento, se encontraba de vacaciones y los otros magistrados prefirieron no intervenir.

«Los jueces en funciones están imposibilitados de resolver cuestiones propias del auto de apertura (documento clave en los juicios orales, que en este caso en particular tiene más de 5 mil páginas) redactado por el juez que dirigió y presenció la audiencia de preparación de juicio oral», señalaron desde el Octavo Juzgado de Garantía y el Tercer Tribunal de Juicio Oral.

La Corte también ordenó a dichas instancias adoptar «las medidas pertinentes y se verifique el inicio del juicio oral el 13 de febrero próximo».

CASO SQM

Recordemos que el caso SQM se abrió en 2015 como una arista de la causa Penta y que generó un debate por la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos.

La acusación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, mediante boletas ideológicamente falsas, Soquimich pagó a políticos de aquel entonces, como el ex ministro de Economía, Pablo Longueira (UDI), para que este incluyera párrafos escritos por la compañía en el proyecto de ley de royalty a la minería.

Dinero que también habría llegado al ex candidato del PRO, Marco Enríquez Ominami (ME-O), según la Fiscalía.

Mientras a Longueira se le acusa de cohecho (arriesgando dos penas de 818 días), a ME-O se le imputan delitos tributarios (hasta 4 años de presidio).

Los demás acusados son Cristián Wagner, Marisol Cavieres, Carmen Valdivieso, Marcelo Rozas, Roberto León y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, quien no asistió a la audiencia y arriesga hasta 7 años por delitos tributarios y 818 días por soborno.