CPC recurre al Tribunal Constitucional por ley de delitos económicos

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) recurrió al Tribunal Constitucional (TC) por la Ley de delitos económicos, a la que ya había hecho reparos durante su tramitación en el Congreso.

En representación de la CPC, los abogados Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik, ingresaron al TC un documento «téngase presente», en el que en sus 34 páginas señalan que «las herramientas penales usadas por parte del legislador en los preceptos del proyecto de ley no apuntan a considerar al derecho penal como último recurso (ultima ratio) ni tampoco a proteger el bien jurídico protegido del Orden Público Económico».

Según el texto recogido por EMOL, «lo que hace este proyecto de ley es atentar contra el propio Orden Público Económico al ‘seleccionar’ a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general».

En ese sentido, según plantea el documento, «la mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley se traduce en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos».

Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al ser consultada respondió que «habría que analizar esa presentación en detalle para poder referirnos en profundidad, pero sin embargo nos gustaría aprovechar esa pregunta para destacar lo importante que fue la aprobación en el Congreso, de manera bastante transversal del proyecto de ley, que ahora es ley, sobre los delitos económicos y ambientales».

De igual forma, señaló que «es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público, o incluso respecto a ley y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país».