La Corte Apelaciones de San Miguel concedió la orden de no innovar tras el recurso de protección presentado por Marcela Torres, vecina de Melipilla, quien denunció el aumento millonario en su cuenta de la luz de CGE, donde pasó de un mes a otro a pagar cerca de $10.000 a $1.000.000.
Recordemos que Marcela acusó que “en muchos casos, y en mi caso personal, se me han emitido facturas basadas en estimaciones, sin verificación técnica ni lectura presencial, lo que contraviene las obligaciones establecidas en la Ley General de Servicios Eléctricos y las normas técnicas de calidad dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)”.
Asimismo, detalló que vive en la misma vivienda junto a su nieta adolescente de 14 años, donde registran un consumo eléctrico doméstico básico y que “no cuento con lavadora automática, y los artefactos eléctricos que poseo se reducen a una televisión, un microondas y algunos electrodomésticos menores, junto con no más de cinco ampolletas en toda la vivienda”.
“Siempre ha debido cuidar minuciosamente el nivel de consumo, justamente por mis limitadas posibilidades económicas, evitando cualquier uso innecesario que implique aumentos tarifarios que no pueda solventar (…) Paso la mayor parte del día fuera de mi domicilio, mientras mi nieta se encuentra estudiando, por lo cual el consumo eléctrico real de la vivienda es bajo y estable”, agregó entonces.
El millonario aumento en el cobro le llevó a solicitar un crédito para poder pagar las cuentas con el fin de evitar el corte del suministro. Además, expuso que “a pesar de los reclamos interpuestos, CGE no ha realizado ninguna corrección efectiva, la SEC no se ha hecho cargo del caso”.
Por lo mismo, presentó un recurso de protección el que fue declarado admisible y acogido, dictándole la orden de no innovar. De esta forma, el tribunal ordenó detener los cobros y no suspender el suministro eléctrico y no remitir los antecedentes a DICOM y otro boletín comercial. Asimismo, solicitó un informe sobre la situación a la SEC, el que deberá ser entregado en un plazo de cinco días.
Además, el tribunal de alzada también ordenó que los antecedentes pasen a la Presidencia “para los fines a que haya lugar”.
La diputada del Distrito 14, Camila Musante (IND-PPD), quien con su equipo apoyaron la presentación del recurso, celebró que se trata del “primer triunfo para detener los abusos de las compañías eléctricas por los excesos de las cuentas de la luz”.
“Esperamos sea un ejemplo y precedente a nivel nacional para poder frenar los abusos de las compañías eléctricas, algo que ahora desde el Gobierno no se ha podido lograr”, sostuvo.
Finalmente, la parlamentaria enfatizó que además de no poder frenar los cobros ilegales para todos los afectados, “tampoco hemos podido sacar adelante nuestro proyecto de ley corta para que devuelvan ahora la plata”.
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