1 de diciembre 2021

Veritas Capitur

La Verdad se Conquista

El subjefe de la bancada DC, Gabriel Silber, señaló esta mañana que “lamentablemente se nos ha confirmado que el superintendente de Pensiones ya entregó la información solicitada por el ministro Briones; una información que, tal como lo hemos señalado desde un comienzo, es confidencial, privada y es absolutamente ilegal lo que se ha hecho. Aquí no cabe otra cosa que pedir la renuncia del superintendente, Osvaldo Macías, y esperar que prosperen las acciones que hemos iniciado en el Consejo para la Transparencia, entre otras medidas “.

“La Superintendencia de Pensiones, al haber entregado la información, ha incurrido en grave infracción y responsabilidad legal”, agregó Silber.

El parlamentario DC señaló, además, que “la acción del ministro Briones trasgrede nuestra constitución; se pasó a llevar la ley, el ministro no quiso retroceder porque hay un ánimo claro de perseguir y estigmatizar a los chilenos que retiraron sus fondos e hicieron uso de su derecho consagrado en la ley. Por eso estamos evaluando acciones civiles y penales. Como oposición, si el gobierno no reconoce este error, nos vamos a articular para proteger los datos de estos millones de ciudadanos y no nos vamos a inhibir para utilizar otro tipo de acciones como la acusación constitucional si es que el gobierno no retrocede, ya que esto ha puesto en riesgo la protección de datos sensibles de millones de chilenos, vulnerándose la Constitución”.

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Ayer, la bancada de diputados DC ingresó un escrito en el CPLT, señalando con claridad las normas infringidas por el ministro de Hacienda, pidiendo que se investigue, fiscalice y sancione a Ignacio Briones.

El escrito señala que “la petición del sr. Ministro es inconstitucional e ilegal, toda vez que no se ampara en norma alguna que lo autorice a recabar la información de los millones de chilenos que optaron por retirar su 10% de las AFPs . Consecuente con ello, la Superintendencia de Pensiones, al amparo de las normas de derecho público que la regula, se encuentra impedida de entregar esa información, bajo riesgo de incurrir en grave infracción y responsabilidad legal. Lo único que podría entregar el requerido, es una estadística anónima de cifras y montos globales, con los grados de desagregación que se le requiera, pero sin nombre, monto y RUT de cada uno de los beneficiarios. La única excepción sería que cada beneficiario del retiro del 10%, y el nuevo probable usuario, autorice expresamente la entrega de la información por algún medio idóneo e irredaguible.”

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