El 12º Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes prisión preventiva para 62 de los 70 imputados vinculados a la denominada Operación Apocalipsis, una investigación que destapó una amplia red de corrupción al interior del sistema penitenciario chileno.
De los 62 formalizados que permanecerán privados de libertad durante la investigación, 42 corresponden a exfuncionarios de Gendarmería de Chile que ya fueron desvinculados de la institución.
La Fiscalía Metropolitana Occidente, a cargo del caso, había solicitado la medida tras once jornadas de audiencia en las que se expusieron los antecedentes que atribuyen a los imputados delitos como asociación ilícita, cohecho, soborno, lavado de activos, tráfico de drogas e ingreso de objetos prohibidos a recintos penitenciarios.
Según la investigación, la organización operaba principalmente en el penal Santiago Uno y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, facilitando el ingreso irregular de celulares, drogas, alcohol, ropa, alimentos y otros artículos prohibidos. Además, se les imputa la introducción de personas para servicios de carácter sexual disfrazadas como visitas autorizadas.
En su resolución, el juez enfatizó que los hechos investigados constituyen una forma de corrupción institucional sistémica, no simples faltas administrativas aisladas, transformando el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo. Por esta razón, consideró la prisión preventiva como una medida necesaria para proteger la seguridad de la sociedad y la integridad del proceso judicial.
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