La defensa del general (r) Ricardo Martínez acudió al Tribunal Constitucional con el objetivo de terminar la causa en su contra, en el caso denominado fraude en el Ejército, que dirige la jueza Romy Rutherford.
La querella fue interpuesta por el abogado Juan Carlos Manríquez, quien presentó un requerimiento de inaplicabilidad, donde asegura que Ricardo Martínez no ha contado con un debido proceso y una defensa de forma adecuada, que por ejemplo “no lo puedo acompañar en los interrogatorios”.
Por otro lado, reclama directamente a Rutherford, señalando que “su labor no se desarrolla conforme a las normas establecidas”.
Lo anterior, según declara, basado en el supuesto acto de “contrabando legislativo” por parte de la jueza, puntualizando que se ha transformado en “una fiscal ad hoc en el transcurso de la investigación”, lo que está prohibido en la Constitución.
Esta programada una nueva interrogación al excomandante del Ejército el próximo 30 de marzo en su domicilio.
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