El Departamento de Derechos Humanos, Género del Colegio Médico expresó «su preocupación» por el actuar de la Mesa Directiva y el Consejo General de esta asociación gremial en el caso del Hospital Psiquiatrico El Salvador, que hace semanas fue denunciado por la ministra de Salud, María Begoña Yarza, debido presuntas torturas cometidas en la aplicación de Terapia Electroconvulsiva (TEC).
Mediante una declaración pública, integrantes del departamento de DDHH de esta entidad cuestionaron esta semana «la respuesta que ha tenido tanto la Mesa Directiva Nacional, Regional, como el Honorable Consejo General y las declaraciones públicas emitidas» respecto a este caso, además de la resolución de pasar al tribunal de ética a la ministra Yarza.
«Consideramos, además, que por parte de nuestras autoridades del Colegio Médico se han cometido importantes errores comunicacionales, tal como el uso inapropiado del término tortura como referido exclusivamente a ‘tortura política'», indica parte del escrito, que también apunta que estas declaraciones «hablan de un desconocimiento profundo respecto a materias básicas de Derechos Humanos y Tratados suscritos por Chile al respecto (Artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)».
«Se desconoce el rol y la responsabilidad que nos concierne como médicos y médicas en tanto funcionarios públicos, y que la tortura y los tratos crueles e inhumanos pueden ser cometidos en diversos contextos, esto es, no solamente referidos a persecución política o ideológica o para obtener una confesión», puntualiza.
En esta línea, este departamento realiza una fuerte crítica a la decisión del Consejo General del Colmed de pasar al tribunal de ética a la ministra Yarza, dado que -consideran- a la secretaría de Estado «desde el punto de vista ético, jurídico y de defensa de los DD.HH le correspondía realizar (esta denuncia), citando el artículo 150 A del Código Penal».
«No le corresponde a nuestro gremio descartar a priori la comisión de tortura y/o tratos crueles y por el contrario debe ser una alerta. Más aún en consideración a que determinadas prácticas pudieren constituir vulneración al derecho humano consagrado en el artículo 19 n° 1 de la Constitución Política de la República, a saber, la integridad física y psíquica de las personas», por lo que deben «esperar a que la justicia se pronuncie».
«Si la ministra consideró en base a los antecedentes que tuvo en conocimiento, que ameritaba realizar la denuncia por eventuales hechos constitutivos de delitos, no hizo sino que cumplir su deber como funcionaria pública de informar a la justicia al tenor de lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal», sentencia la declaración.
Ante esto, integrantes del Departamento de Derechos Humanos, Género y Ética regional del Colmed advirtieron que «la defensa gremial no puede estar por sobre la protección irrestricta de los DD.HH.» y que este tipo de actuar «no hace más que abrir un debate público ante la propiedad de una eventual restitución de la tuición ética del Gremio Médico».
Los funcionarios aludieron a que llevaban años realizando la práctica de electroshock sin anestesia por falta de recursos para seguir ese protocolo, aludiendo a las razones presupuestarias, justificando así su accionar».
«Con ello, han demostrado un completo desconocimiento de lo señalado en 2008 por Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, respecto a que la aplicación del electroshock a una persona, sin anestesia (es decir una Terapia Electroconvulsiva en una versión no modificada)», acusa el organismo.
«Lamentablemente, los hechos ocurridos en el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso nos remiten aprácticas sistemáticas realizadas históricamente en las instituciones psiquiátricas», profundiza el documento.
Finalmente, hicieron una llamado «a las autoridades de gobierno y a todos y todas quienes trabajan en el área de la salud a abrir espacios de diálogo democráticos, horizontales, que resulten transformadores de la institucionalidad con base en un control ciudadano permanente de los estándares de atención y acentrarse en los determinantes de la salud mental».
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