23 de enero 2022

Veritas Capitur

La Verdad se Conquista

Con aplausos de las representantes de la Red de Investigadoras de Chile, terminó la sesión en que la Sala del Senado aprobó con 26 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el proyecto que sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley.

Se trata de un proyecto que refunde tres mociones presentadas por los senadores Ximena Órdenes, Isabel Allende, Yasna Provoste, Ena Von Baer y Carlos Montes; de los senadores Juan Pablo Letelier, Ricardo Lagos y Jorge Pizarro y del senador Ricardo Lagos.

Su objetivo es «promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual».

Cabe recordar que la Presidenta del Senado e integrante de la Comisión de Educación, Yasna Provoste se reunió con representantes de la Red de Investigadoras de Chile, quienes hicieron presente «la necesidad de avanzar en esta iniciativa que apunta a proteger y reparar a las víctimas de estas prácticas, en el ámbito de la educación superior”. Al respecto, la parlamentaria comprometió sus esfuerzos en despachar esta iniciativa.

Con todo, el texto legal experimentó cambios durante el segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ampliaron el ámbito de aplicación de la ley y establece una definición más detallada sobre acoso, entre otras disposiciones. Si bien, la Comisión de Educación y Cultura del Senado aprobó todas las modificaciones, en la Sala hubo quienes se abstuvieron y otros votaron en contra, pero fundados en el criterio de que dada la profundidad de las transformaciones que experimentó el proyecto debería haber un esfuerzo adicional con el fin de velar por una legislación uniforme en materia de acoso sexual en forma integral y no por áreas específicas, entre otras consideraciones.

Fue el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Jaime Quintana, quien explicó los principales cambios hechos al proyecto, explicando que se contará con una legislación que regule, prohíba y sancione el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior considerando además un modelo de prevención.

ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto busca promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior.

Para ello, las instituciones de educación superior deberán adoptar todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, promoviendo, en particular, las relaciones igualitarias de género.

Se define acoso sexual como cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado.

Las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construido con la participación de todos los estamentos. Además, tendrán que contar con unidades responsables de la implementación de sus políticas y protocolos.

El proyecto señala que las instituciones que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional establecida en la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Las casas de estudios superiores tendrán el plazo de un año desde la publicación de la ley para implementar los modelos de prevención y de sanción construido participativamente.

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