Diputado Mulet ingresa Comisión Investigadora tras Operación Tokio: “Vamos a ver qué pasa con los órganos del Estado pero también con la banca”

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) ingresó a la Cámara una solicitud para crear una Comisión Especial Investigadora en relación a la denominada Operación Tokio, donde las policías y la Fiscalía dieron cuenta de cerca de US$80 millones que fueron lavados para financiar al crimen organizado trasnacional, y con participación de al menos dos ejecutivos bancarios. Por lo mismo, el parlamentario buscará que expongan los órganos fiscalizadores del Estado junto con la banca.

Respecto al caso, Mulet comentó que “esto es muy grave. Son más de US$80 millones lavados en ese banco y en otras instituciones financieras”.

Por este motivo, planteó en su solicitud para una Comisión Investigadora que “debe responder la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los órganos del Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, obviamente, la asociación de bancos porque realmente no asumen ninguna responsabilidad en una operación internacional de lavado de esta magnitud”.

En ese sentido, afirmó que “vamos a ver qué pasa con los órganos de la administración del Estado, pero también vamos a invitar a la banca, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF)”.

Lo anterior, según explicó el legislador, con el objetivo de “saber la verdad para que esto no se repita, y proponer los cambios legales que sean necesarios y las sanciones para evitar este tipo de situaciones tan graves en el país”.

Según expuso en el documento, los antecedentes conocidos hasta ahora dan cuenta de un “posible modus operandi basado en el denominado ‘pitufeo’ o fraccionamiento de operaciones, consistente en la realización de múltiples depósitos, transferencias o movimientos entre diversas cuentas de ahorro y cuentas corrientes, con el objeto de disminuir alertas individuales, dificultar el seguimiento del origen de los fondos y permitir su posterior envío al extranjero o conversión en criptoactivos”.

“Este mecanismo obliga a fiscalizar si los sistemas de monitoreo, reporte, auditoría interna, debida diligencia y control de funcionarios de las instituciones financieras fueron suficientes, y si tales mecanismos fueron oportuna y adecuadamente supervisados por los órganos estatales competentes”, agregó.

Finalmente, advirtió que “la eventual participación de funcionarios o ejecutivos bancarios en entidades privadas y estatales evidencia una hipótesis particularmente grave para la seguridad económica del país, consistente en la búsqueda deliberada, por parte de organizaciones criminales transnacionales, de perfiles técnicos con conocimiento interno del sistema financiero, capaces de facilitar movimientos de dinero, justificar operaciones, eludir alertas, abrir o administrar cuentas, operar productos bancarios o contribuir a la pérdida de trazabilidad de fondos de origen ilícito”.