23 de julio 2024

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  • “Aquí hay toda una generación de generales que han secuestrado al Ejército de Chile por décadas, para administrarlo y usarlo como si fuera su parcela privada”, recriminó el parlamentario.

“Es crucial el paso que está dando el Ministerio Público para encaminar su investigación hasta la obtención de una sanción severa respecto de todos los uniformados que participaron en el masivo fraude del Fondo de Ayuda Mutua (FAM). Y nos parece imprescindible que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sume a esta cruzada de protección del interés público y se querelle contra los responsables que idearon este esquema de defraudación y ese es el alto mando de la época, especialmente, los ex comandante en Jefe del Ejército”, aseguró el diputado PS Leonardo Soto luego de que se diera a conocer que los ex generales Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, además de Óscar Izurieta, serán formalizados por el caso.

Para el parlamentario, que presidió la Comisión Investigadora sobre el megafraude del FAM “aquí ha habido toda una generación de generales que han secuestrado esta institución para tenerlas como parcelas privadas, donde toman decisiones a su antojo, sin apego a la ley y viven una vida de millonarios a costa del presupuesto de la institución y, además, extienden toda clase de privilegios a sus círculos de subalternos”.

A juicio del legislador, “evidentemente este esquema de defraudación no fue ideada por soldados de tropa o suboficiales sino que necesariamente surge de decisiones administrativas diseñadas y ordenadas desde el alto mando del Ejército”.

“No es una casualidad o por casos aislados que desde el 2006 a la fecha, prácticamente todos los ex comandantes en jefe del Ejército están sentados en el sillón de los acusados en la justicia, por reiterados casos de  corrupción, los generales Fuente Alba, Oviedo e Izurieta, los dos primeros ya procesados por malversación en el uso de gastos reservados. Este nuevo escándalo de corrupción nos recuerda la gravedad de la crisis en las FF.AA. y la necesidad que para superarla se apliquen las máximas sanciones legales y el repudio de toda la sociedad”, sostuvo Soto.

En esa línea, el diputado señaló que “lo primero para terminar con la corrupción al interior de las FF.AA es la intervención enérgica y rotunda de la justicia, y ahí el CDE no puede estar ausente, debe sumarse a esta tarea, exigiendo en representación de toda la ciudadanía las máximas sanciones para quienes mantuvieron, permitieron, autorizaron o convivieron con este esquema de defraudación que ha reportado hasta ahora un perjuicio para el fisco sobre los 3 mil millones de pesos”.

DESCOMPOSICIÓN INSTITUCIONAL

El legislador también emplazó al Gobierno a pronunciarse en lo que ha catalogado “el fraude más masivo conocido en las últimas décadas en el Ejército, donde habrían participado más de 800 militares, desde simples soldados, suboficiales, coroneles, generales hasta varios ex comandantes en jefe”.

“No hemos visto al Gobierno o al ministro de Defensa salir a condenar o manifestar siquiera el repudio a estas prácticas ya naturalizadas en el Ejército, donde dinero público corre libre y directo hacia los bolsillos de algunos militares.  Hay un silencio inentendible para la gravedad de los hechos, ante el que solo se puede pensar que el Gobierno quiere enfriar estos asuntos, bajarles el perfil, dilatarlos y en definitiva perpetuar la impunidad”, recriminó Soto.

El diputado aseguró que “al igual que Carabineros, las FF.AA. también deben reformarse en profundidad, debe existir un proceso de saneamiento donde se erradique completamente esta cultura de uso y abuso de los recursos públicos y eso implica mayor control, fiscalización y transparencia. Los intereses que se han creado bajo esta subcultura son poderosos, por lo que todas las instituciones públicas deben sumarse y cumplir con sus mandatos hasta eliminar estos patrones de conducta”.

De hecho, para Soto, “el primer paso para limpiar estas instituciones es que vayan a la cárcel todos los uniformados responsables y particularmente los de rango superior que crearon, ordenaron y ocultaron estos mecanismos de defraudación hasta hacerlos casi invisibles para Contraloría y que en este caso buscaban ‘compensar’ a uniformados perjudicados por un fondo privado manejado por sus propios superiores”.