Estados Unidos confirmó la aplicación de una sobretasa arancelaria de 12,5% a Chile, en el marco de una investigación bajo la Sección 301 sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
La medida forma parte de una ofensiva comercial contra cerca de 60 países, luego de que Washington concluyera que estas economías no han adoptado mecanismos suficientes para prohibir el ingreso de productos elaborados bajo esas condiciones. En el caso de Chile, la decisión se conoció luego de semanas de gestiones del Gobierno y del sector exportador para intentar evitar la aplicación del gravamen.
A través de una declaración pública, el Gobierno de Chile, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, sostuvo que el país cuenta con “una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso”. Además, afirmó que la aplicación de la medida “no se condice” con los estándares nacionales ni con los antecedentes presentados durante el proceso.
El Ejecutivo también remarcó que la decisión responde a una investigación realizada bajo la legislación interna de Estados Unidos y no a una negociación bilateral. Asimismo, precisó que el proceso tuvo alcance global, considerando a más de 60 economías que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses, por lo que “en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile”.
En esa línea, el Gobierno aseguró que Chile participó activamente en cada etapa de la investigación y que, junto al sector exportador, presentó antecedentes técnicos, políticos y jurídicos para respaldar la posición del país.
La declaración también enfatizó que la resolución estadounidense “no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición”, sino que responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad norteamericana.
Finalmente, el Gobierno informó que continuará “resguardando los intereses del país y de sus exportadores, manteniendo el diálogo y negociaciones con las autoridades estadounidenses a través de los canales institucionales existentes y desplegando las gestiones políticas y técnicas necesarias para seguir avanzando en mejores condiciones de acceso, incluyendo la exclusión de productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta medida arancelaria”.
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