En medio de debate por indulto: Provoste propone Comisión Nacional para solucionar casos de prisiones preventivas abusivas

Tras una reunión con el Fiscal Nacional Jorge Abbott, la senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a crear una Comisión Nacional de Verdad y Reparación, como un camino de solución a las extensas prisiones preventivas abusivas y ante las denuncias de vulneraciones al debido proceso, que afecta a personas detenidas por manifestaciones durante el denominado “estallido social” ocurrido en octubre de 2019.

La iniciativa fue informada tras la conversación sostenida entre la legisladora y presidenciable con el Fiscal Nacional, ocasión en la que abordaron esta situación y la pertinencia de contar con una instancia que permita una urgente evaluación de cada caso en particular;  a raíz de los antecedentes de diversos argumentos de personas que -incluso- algunas de ellas, luego de estar más de un año en la cárcel, han sido absueltas por no demostrarse su culpabilidad en los tribunales. Casos que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  afectan a personas que son víctimas de abusos, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza.

En general, se estaría incurriendo en infracciones a las garantías judiciales consagradas en los tratados internacionales  vigentes ratificados por nuestro país. “Creemos necesaria la creación urgente de una Comisión Nacional para el Reencuentro y la Paz Social, a fin de proponer soluciones para abordar la situación de las extensas prisiones preventivas y las denuncias de vulneraciones al debido proceso, en contra de personas imputadas por hechos acaecidos como consecuencia del estallido social, muchos de los cuales aún se mantienen hasta el día de hoy en prisión preventiva a la espera de una sentencia en sus causas”, señala el proyecto de Ley.

De ahí que la iniciativa de la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, considera que esta Comisión Nacional proponga en un plazo de 60 días, una vez constituida, medidas reparatorias a las víctimas de algún abuso cometido por parte de agentes del Estado, como también para aquellos que hayan sufrido daños en su persona o en sus propiedades, tanto muebles como inmuebles producto de hechos ocurridos durante las protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas, entre el 7 de octubre del año 2019 y el 9 de diciembre del año 2020.

Dicha Comisión Nacional debiera estar integrada por un representante de cada instancia involucrada,  a considerar: del Presidente del Senado, del Fiscal Nacional, del Director del INDH, otro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, un representante del Defensor Nacional Público, uno del Ministro de Justicia y de Derechos Humanos y otro representante designado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La normativa plantea que esta comisión entregue su propuesta al Presidente de la República, al Presidente del Senado y al Presidente de la Corte Suprema, con medidas legislativas, administrativas o de otro carácter, que estime necesarias, para dar una solución a esta realidad en un plazo de tres meses recibido el diagnóstico de estos casos.