Luego de la Comisión de Medio ambiente de la Convención Constitucional aprobará en general el estatuto que establece la nacionalización de bienes naturales estratégicos, hubo alarma entre los gremios quienes calificaron la norma de «extrema».
La convencional Isabel Godoy, que forma parte de la Comisión de Medio Ambiente, explicó que ha sido la ciudadanía, principalmente aquella que salió a marchar por las calles los días posteriores al estallido social y al anuncio de la redacción de una nueva carta magna, la que ha señalado que quieren que se consagre en la Constitución la protección los recursos estratégicos del país. «Era lo que la gente más pedía, la nacionalización de nuestro recursos naturales, del cobre, en específico».
Isabel Godoy explica que «Es nacionalización, no expropiación», ya que no se puede hablar de esto último porque, según dijo, no se puede reclamar propiedad sobre recursos que le pertenecen al Estado.
En esa misma línea se encuentra Manuel Ahumada Letelier, ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y quien ha estado promoviendo la renacionalización del cobre y de los recursos estratégicos que comenzaría a escribirse en la nueva Constitución. Esgrime el mismo argumento que la convencional Godoy, respecto a que no se puede hablar de expropiación en este caso, cuando los mismos empresarios han hablado de que los recursos pertenecen a todas las chilenas y chilenos.
De acuerdo a sus cálculos la minería privada recauda entre 35 y 36 mil millones de dólares anuales. Una cifra bastante importante si consideramos las dificultades y discusiones que tuvo el Ejecutivo solamente para buscar los cerca de 3 mil millones de dólares que cuesta financiar la Pensión Garantizada Universal, recientemente aprobada.
Finalmente, es probable que el tema pueda seguir escalando con nuevas reacciones, ya que hoy la Comisión de Medio Ambiente de la Convención sesionará para, entre distintos temas, llevar a cabo la votación en general de la Iniciativa que establece el estatuto de la minería.
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