Escuelas Protegidas: TC declara inconstitucionales cuatro artículos del proyecto

El Tribunal Constitucional declaró contrarias a la Constitución cuatro disposiciones del proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa presentada por el Gobierno que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

Según informó el TC, el pronunciamiento se dio en el marco de los requerimientos acumulados presentados por un grupo de parlamentarios en contra de diversas normas del proyecto.

Entre las disposiciones objetadas, el Tribunal declaró inconstitucional una parte del artículo que regulaba la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de estudiantes, específicamente la obligación del sostenedor de comunicar antecedentes a Carabineros o la PDI cuando el apoderado no concurriera ante la negativa del alumno.

También fue declarado contrario a la Constitución el artículo que incorporaba al Código Procesal Penal una norma para permitir a funcionarios policiales revisar vestimentas y efectos personales de estudiantes al interior de establecimientos educacionales, sin orden del fiscal y previo requerimiento del personal del recinto, ante la existencia de indicios de delitos.

Asimismo, el TC objetó parcialmente el artículo que modificaba la Ley de Subvenciones, en materias vinculadas a la prohibición de vestimentas o accesorios, la calificación de actos que afectan gravemente la convivencia escolar y la incorporación de nuevos criterios en el Sistema de Admisión Escolar.

En particular, rechazó la norma que consideraba como criterio de prioridad no haber sido sancionado con expulsión o cancelación de matrícula por actos que afecten gravemente la convivencia escolar.

Finalmente, el Tribunal declaró inconstitucional el artículo que modificaba la Ley de Educación Superior y condicionaba el acceso o mantención de la gratuidad a no haber sido condenado por sentencia firme por determinados delitos, estableciendo una inhabilidad de cinco años desde que la sentencia quedara firme.

El fallo fue adoptado por el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por su presidenta, Daniela Marzi, junto a ministras y ministros del organismo.