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Especialistas de la Universidad de Chile elaboraron el documento de libre descarga «Nueva Constitución del siglo XXI: Un desafío para el derecho ambiental». La publicación tiene como objetivo que la futura carta fundamental asegure estándares mínimos en esta materia, así como promover una agenda que se enfoque en la investigación, formación y extensión en temáticas medioambientales.

Para el equipo del CDA, seis son los aspectos fundamentales:

1: La redefinición de los términos de la garantía constitucional para asegurar un ambiente equilibrado y saludable.

2: La efectividad de la protección ambiental y la acción climática.

3: La redefinición de la función ecológica de la propiedad.

4: Agregar principios ambientales.

5: La inclusión de más derechos.

6: Definir la organización territorial, la gestión y el medio ambiente.

Estas y otras propuestas se encuentran disponibles en el documento «Nueva Constitución del Siglo XXI: Un Desafío para el Derecho Ambiental», elaborado por Jorge Aranda Ortega, Valentina Durán Medina, Ximena Insunza Corvalán, Sergio Montenegro Arriagada, Pilar Moraga Sariego y Ana Lya Uriarte Rodríguez.

Al respecto, la académica de la Facultad de Derecho, Valentina Durán, señaló en la última editorial de la Revista de Derecho ambiental, que «la Universidad de Chile no es neutral respecto de la democracia ambiental y el desarrollo sostenible los estatutos de la Casa de Bello disponen que ésta postula al desarrollo integral, equilibrado y sostenible del país».

Los autores coinciden en que hoy existen limitaciones en la forma que la Constitución actual aborda la protección de los derechos ambientales, ya que en las últimas décadas se ha degradado el ecosistema al punto de comprometer a las generaciones futuras. Esto ha llevado a una crisis ecológica y climática internacional y local, donde la sequía, la contaminación atmosférica de las ciudades y el aumento de las zonas de sacrificio son algunas de las consecuencias.

Finalmente, a través de esta declaración, el centro se ha comprometido a enfocar el quehacer académico de los próximos dos años con la reflexión de la integración del medio ambiente en el nuevo texto constitucional, en los términos que los desafíos del siglo XXI exigen y así asegurar estos mínimos medio ambientales que son necesarios en la futura carta fundamental.

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