Estallido social: Ofician a la Fiscalía y al Gobierno por situación de niños, niñas y adolescentes

Los senadores Juan Ignacio Latorre, Loreto Carvajal y Alejandro Navarro presidente e integrantes de la Comisión de Infancia, respectivamente, acordaron el envío de oficios tanto al Ministerio de Justicia como el Ministerio Público con el fin de ahondar respuestas sobre los alcances del «Informe Verdad, Justicia y Reparación: Estado de avance de las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez a dos años del estallido social» y que reveló un catastro de más de un millar de menores vulnerados en sus derechos así como «un casi nulo avance en justicia, pues sólo el 1% de las causas tiene formalizaciones».

Los mencionados oficios apuntan a “conocer detalles sobre la implementación de un plan de contacto y atención a las más de víctimas que les permita acceder a la información de las causas que involucran a menores. Además, del establecimiento de canales de información efectiva con las víctimas niños, niñas y adolescentes, que deben contemplar la perspectiva y necesidades de aquéllos”.

Además solicitan un informe sobre la “disposición de los recursos humanos y físicos para enfrentar las complejidades advertidas en la investigación y tramitación judicial de las causas iniciadas por denuncias de las violaciones a los derechos humanos”.

La Defensoría de la Niñez hizo presente que “hay un catastro de 1.314 niños, niñas y adolescentes que fueron gravemente vulnerados en sus derechos humanos en el contexto del estallido social y, según detalló, el senador Latorre «hay una serie de recomendaciones que se han hecho desde la Defensoría de la Niñez y que el Gobierno actual no se ha hecho cargo”.

El parlamentario agregó que “tenemos una deuda pendiente y, si no nos hacemos cargo de la reparación integral, particularmente a niños, niñas y adolescentes, en algunos años más van a ser jóvenes que van a salir a protestar a la calle. Entonces, cuando después hablamos de violencia, cuando hablamos de porqué hay tanta rabia y malestar en grupos y colectivos excluidos de la sociedad, vulnerables o que han sido vulnerados en sus derechos humanos, eso después nos rebota y nos revienta en la cara como sociedad”.

En ese sentido, manifestó que “se requiere voluntad política, eso es poner recursos, eso es que el Gobierno presente un proyecto de ley, por último que lo deje presentado, un proyecto de reparación integral, pero con presupuesto. Hoy día, Chile está más cerca de la impunidad que de la verdad, la justicia y la reparación. Y eso favorece la repetición de las violaciones de los derechos humanos».

Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, aseveró que se encuentran disponibles para seguir trabajando y recoger las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez, en lo referido al ministerio. También detalló todos los programas y fondos destinados por el gobierno para atender a menores que resultaron con secuelas en las distintas movilizaciones en los distintos programas del estado así como acciones de con el fin de mejorar la atención especializada. Además, precisó que en lo referido a denuncias de violaciones a los derechos fundamentales, son los tribunales los que tramitan dichas causas.

Asimismo, hizo un alcance metodológico al informe pues, a su juicio, “el informe tiene una aproximación conceptual que vale la precisar pues hace referencia a una afirmación del Comité de Derechos del Niño de la ONU, de junio 2018 que se refiere a las actuaciones del Estado de Chile durante las décadas anteriores. El juicio que hace este organismo internacional después de un periodo de 4 o 5 décadas es muy crítico respecto a cómo el Estado ha trabajado respecto a niños, niñas y adolescentes, es decir no se refiere a un gobierno específico. Por lo mismo, me parece que partir el informe de la Defensoría con esa afirmación puede producir una confusión, porque el estudio de la ONU tiene una naturaleza distinta”, precisó.