23 de julio 2024

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El presidente de la Comisión de Gobierno Interior, diputado Rubén Oyarzo (IND), anunció que pondrá en tabla para su discusión el proyecto que establece la realización periódica de test de drogas a autoridades y su inhabilitación perpetúa en caso de comprobarse su consumo.

Así lo anunció el diputado Oyarzo (IND), quien confirmó que “el día de mañana (miércoles) vamos a poner en tabla en la Comisión de Gobierno Interior un proyecto de ley de autoría de la diputada Labra, con la diputada Jiles y la diputada Ahumada, en el cual se tienen que hacer periódicamente test de drogas a todas las autoridades desde un concejal, un alcalde, hasta el Presidente de la República, incluyendo a diputados y senadores también”.

Según explicó, “esto es totalmente necesario porque hay que combatir el narcotráfico y el crimen organizado desde la raíz. Estoy de acuerdo con levantar el secreto bancario y también estoy de acuerdo con que se haga test de drogas a las autoridades y que quien consuma quede inhabilitado de por vida. Creo que es necesario que se muestre integridad, que se muestre quién consume, quién paga a un dealer, a un narcotraficante, porque eso te va a liberar de que las autoridades no sean íntegras”.

“Aquí la integridad de la autoridad tiene que ver. La gente tiene que saber quién consume y quién no consume droga. Y es por eso que este proyecto de ley se va a discutir en la Comisión de Gobierno Interior, mañana (miércoles) va a estar puesto en tabla y vamos a empezar a tramitar cómo corresponde este proyecto. Desde el Presidente de la República hasta un concejal, el que consume queda inhabilitado de por vida”, agregó.

Asimismo, señaló que “es importante y veremos quiénes son los diputados que se oponen a esto. Por lo menos, los que tenemos las manos limpias vamos a dar la cara y estaremos de frente a la ciudadanía diciendo no a las drogas”.

El proyecto es de autoría de la diputada Paula Labra (Ind-RN), a quien el parlamentario aprovechó de saludar y desear “que se mejore lo antes posible para que venga a defender su proyecto. Mucha fuerza a ella y a su familia”.

Por su parte, la coautora del proyecto, la diputada Pamela Jiles (IND), destacó la gestión del diputado Oyarzo “que ha accedido, después de 7 meses de presentado, a poner en tabla nuestro proyecto para combatir lo que hoy día está comentando todo el mundo: la narcopolítica”.

En esa misma línea, sostuvo “¿Cómo se combate la narcopolítica? De una manera muy sencilla: haciéndole test de drogas al Presidente de la República y a todas las autoridades del país”.

De acuerdo a la parlamentaria, “es imposible que haya políticas de combate al narcotráfico si no sabemos si el Presidente de la República es consumidor. Me parece que la ciudadanía tiene el derecho a saber si tenemos un Presidente, ministros, autoridades de las Fuerzas Armadas o del Poder Judicial que consumen drogas. En cuyo caso tienen evidentemente un dealer y una relación con las bandas de narcotráfico del país, y difícilmente un Presidente de la República que consume drogas, unas autoridades que son consumidoras, van a poder combatir el narcotráfico puesto que están secuestrados por ellas”.

Según relató, “hace seis meses presentamos, con la diputada Paula Labra y con la diputada Ahumada, este proyecto de ley e invitamos al Gobierno, que debería ser el primer interesado en comprobarle a la opinión pública si el Presidente de la República es o no consumidor de drogas y, por lo tanto, si tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico. El Gobierno en siete meses no nos escuchó”.

Por último, expresó que “afortunadamente el diputado Rubén Oyarzo sí nos escuchó y va a poner este importantísimo proyecto de ley en tabla en el día de mañana (miércoles). Por lo tanto, yo le agradezco. Me parece que la ciudadanía está altamente interesada en este tema y quiero ver y que la ciudadanía observe con mucha atención qué diputados van a estar disponibles para votar en contra de hacerle un narcotest al Presidente de la República y a todas las autoridades públicas. Qué diputados son a los que les parece normal que la ciudadanía no tenga derecho a saber si sus principales autoridades son consumidoras de drogas”.