25 de abril 2024

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Ante la presencia de los ministros de Interior y Hacienda, la bancada Evópoli Araucanía, encabezada por el senador, Felipe Kast, junto a los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez, presentaron un proyecto que busca reparar el daño y perjuicio sufrido por las víctimas de la violencia rural en la zona.

La iniciativa-que requiere el patrocinio del Ejecutivo- plantea la creación de una reclamación administrativa para los afectados, quienes podrán recurrir a la gobernación regional a fin de requerir una indemnización económica, la cual será evaluada en un plazo máximo de 60 días desde su solicitud.

Según explicó Kast, “lo que buscamos con esto es que el Estado de Chile reconozca su obligación de proteger a los habitantes de la región, especialmente a quienes han sufrido de la violencia y el terrorismo, estableciendo medidas compensatorias para las víctimas con el fin de resarcir el daño producto de la desprotección que se vive a diario en la región”.

El proyecto, contempla además la posibilidad de acceder a una reclamación judicial, cuando la solicitud no sea acogida en fase administrativa o exista desacuerdo en relación a la cuantía del daño o se cuestione la calidad de víctima del denunciante.

“Es fundamental que existan medidas reparación y por eso hemos incorporado este proceso- que será breve y expedito- en aquellos casos donde no se logre acoger la reclamación de manera satisfactoria. Las víctimas de la violencia ya han sufrido demasiado como para no obtener una respuesta”, complementó Álvarez.

Condonación de contribuciones

Otra de las medidas que considera la propuesta, es la condonación de contribuciones para aquellos propietarios que no pueden trabajar ni generar ingresos, debido a que no poseen sus terrenos producto de la usurpación de terceros.

A juicio del diputado Molina, “no podemos exigirles a las víctimas de las usurpaciones que paguen por un terreno que no están utilizando, por lo mismo hemos incorporado también que durante el proceso de reclamación, se suspenda el cobro de todo impuesto o contribución respecto de los inmuebles del propietario que haya denunciado este tipo de hechos”.