Ayer, las distintas bancadas de la oposición se reunieron en el Congreso Nacional para analizar una posible acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, esto por su participación en la polémica compraventa del proyecto minero Dominga, en un paraíso fiscal.
Según sus participantes, y a través de un grupo de expertos, se acordó estudiar el mérito del libelo acusatorio, sobre todo porque para algunos, como el diputado socialista Marcos Ilabaca, las posibles faltas del primer mandatario están prescritas, ya que ocurrieron en 2010.
Al respecto, su compañero de partido, Jaime Naranjo se mostró dispuesto a apoyar la acusación, afirmando que Piñera dañó el honor del país.
Una acusación constitucional contra el Presidente de la República, se debe sustentar por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes.
El problema son los plazos, de acuerdo al Artículo 52 de la Carta Magna, “las acusaciones podrán ser interpuestas mientras el afectado esté en funciones y dentro de los tres meses siguientes al término de su cargo. En el caso del Presidente de la República, el plazo para interponer la acusación es mientras esté en funciones y dentro de los seis meses siguientes al término de su cargo”.

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