Pasando por alto los recursos de casación que están pendientes en la Corte Suprema y que podrían terminar rechazando definitivamente el proyecto, el gobierno de Sebastián Piñera dio una señal clara sobre su falta de compromiso con la protección del Archipiélago de Humboldt y aprobó con condiciones el proyecto minero portuario Dominga, de propiedad del empresario Carlos Alberto Délano.
En medio de manifestaciones en contra de la empresa ocurridas en las afueras de la intendencia de Coquimbo, la Comisión de Evaluación Ambiental llevó a cabo la votación vía telemática, a pesar de que existen recursos judiciales pendientes. La instancia, conformada por diez secretarios regionales ministeriales, el delegado presidencial y la dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidieron aprobar el proyecto de Andes Iron, pese a que ya había sido rechazado en dos oportunidades por ser incompatible con el ecosistema del Archipiélago de Humboldt y por presentar graves falencias técnicas.
“Es lamentable el mal uso del derecho por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, para favorecer intereses privados y en contra del interés público”, señaló Ezio Costa, abogado de la Alianza Humboldt. “Mientras sabemos que vamos por un camino de no retorno por la crisis climática y ecológica, se aprueba un proyecto muy dañino. Mal por Chile, pero seguimos esperando que resuelva la Corte Suprema en derecho y anule esta votación, junto con el fallo del Tribunal Ambiental”, agregó
Recordemos que en mayo pasado, pescadores, comunidades de la comuna de La Higuera y organizaciones medio ambientales presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que ordenó la votación que se llevó a cabo hoy, pero aún el máximo tribunal no se ha pronunciado.
De todos modos, desde Alianza Humboldt aclararon que la aprobación de hoy no implica en ningún caso que Dominga pueda construirse, ya que reclamarán ante el Comité de Ministros, el cual tendría que esperar que se resolvieran las causas judiciales antes de pronunciarse. En otras palabras, es muy probable que este gobierno no tenga la última palabra respecto al caso.
El proyecto Dominga fue rechazado en 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros durante la administración de la presidenta Bachelet, porque presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.
Esta votación se llevó a cabo días después de la publicación del informe de expertos para el cambio climático (IPCC), en donde las áreas protegidas se vislumbran como una medida imprescindible para frenar la pérdida de especies y sostener al menos una posibilidad de sobrevivencia de las especies en estado vulnerable.
Dominga considera la construcción de dos minas a rajo abierto y un megapuerto en medio del Archipiélago de Humboldt, un conjunto de ocho islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más ricos del mundo, reconocido por el mundo científico nacional e internacional.
La minera contempla una vida útil de apenas 25 años.
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