- Tras el primer acercamiento, la federación que representa a las y los trabajadores de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial —organismos que serán reemplazados por el nuevo Servicio— manifestó su interés en que las necesidades laborales y estructurales del sector sean consideradas en el proceso de transformación de esta institucionalidad clave para las demandas jurídicas y sociales de la población.
Dirigentes de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj) sostuvieron la primera reunión de trabajo con la Directora Implementadora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, Macarena Cortés, designada por el Ejecutivo para liderar la puesta en marcha de la nueva orgánica que reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial.
En el encuentro, las y los representantes de las y los funcionarios expusieron a la autoridad una serie de requerimientos que forman parte de su agenda habitual, tales como la falta de infraestructura, problemas de dotación de personal y el cumplimiento de protocolos pendientes, donde la homologación de remuneraciones aparece como uno de los puntos más sensibles. La reunión se realizó en dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desde Fenadaj, su presidenta Victoria Escalante señaló que en esta primera instancia se presentaron “las inquietudes y demandas que por años han trabajado junto a las organizaciones base”, agregando que existe el interés de que “se armonicen las dudas y consultas de las y los trabajadores con los protocolos que aún quedan por cumplirse”.
Por su parte, la Directora Implementadora, Macarena Cortés, valoró los aportes y comentarios realizados por los representantes de las Corporaciones de Asistencia Judicial, señalando que se avecina “un trabajo exhaustivo, en el cual espera contar con el apoyo de quienes ejecutarán el nuevo Servicio”.
Cabe consignar que el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas (SNAJ), que reemplazará a las Corporaciones de Asistencia Judicial creadas en 1981, comenzará a operar inicialmente en las regiones del norte del país hasta Valparaíso, en un plazo de 18 meses. Posteriormente, su implementación se extenderá de manera gradual al resto del territorio nacional, incorporando además la defensoría de personas víctimas de delitos.

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