En octubre, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un Informe preliminar en que abordó el mercado del gas en Chile durante los años 2010 y 2020. En dicha oportunidad recomendó “prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores» y propuso cambios regulatorios al negocio del gas natural “para que baje el precio de ambos combustibles”.
Finalmente, durante esta jornada, la FNE dio a conocer su informe final en la que reiteró la necesidad de llevar a cabo una serie de reformas para aumentar la competencia en este mercado, a fin de que se pueda lograr “ importantes ahorros para los consumidores, tanto en el segmento del gas licuado de petróleo (GLP), como del gas natural (GN)”.
“En el caso del gas licuado, los ahorros pueden llegar a US$181 millones al año, lo que equivale al 15% del precio de cada balón o cilindro que se comercializa en nuestro país. Mientras, para el caso del gas natural se estima un ahorro de entre US$78 millones y US$87 millones para los clientes de Metrogas, lo que se traduce en una reducción de entre 13% y 20% de sus cuentas mensuales por este combustible”, informa el estudio.
Las conclusiones y recomendaciones finales, que fueron enviadas hoy al Ministerio de Energía, apuntan a perfeccionar la estructura del sistema y a optimizar su competencia y eficiencia. El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, señaló que “con las recomendaciones que estamos presentando, el Estado tiene una vía regulatoria fácil y rápida para bajar el precio (…) Cada una de nuestras propuestas está sustentada en el estudio riguroso de los antecedentes que nos proporcionaron los propios actores del mercado y en exhaustivos análisis econométricos. Los cambios que proponemos harán más competitivo el mercado y confiamos en que sean la base de las nuevas regulaciones que requiere este sector”.
“La FNE indica que las empresas no pueden invocar un derecho absoluto a desarrollar una actividad económica con prescindencia del interés público comprometido en el correcto funcionamiento del mercado. Este interés público, que también se encuentra constitucionalmente protegido, es parte integrante del orden público económico y está reconocido en el DL 211″, es otra de las conclusiones del informe.
Parte de las conclusiones del estudio, señalan que “hoy en día casi el 85% de las ventas de Gas Licuado (GLP) es realizada por empresas minoristas de tamaño menor (pymes), las que, por contrato con las mayoristas, son las que asumen el riesgo comercial de la distribución y se benefician o perjudican por la calidad de servicio entregada”.
Dado los últimos acontecimientos en esta materia, donde un grupo de alcaldes ha firmado acuerdos con las empresas comercializadoras de gas licuado para obtener descuentos en los precios, la FNE señaló que aunque las promociones que alivien el bolsillo de los hogares “siempre son bienvenidas”, de aplicarse sus recomendaciones, el mercado no necesitará de ese tipo de “vales” o “cupones de descuento” para que el precio disminuya.
Por último, a juicio de la FNE, una política pública relativa a cualquiera de los bienes y servicios de primera necesidad “no puede depender exclusivamente de la mera voluntad de las empresas del sector”.
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