La Fiscalía Local de Coyhaique presentó la acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto y otras siete personas, en el marco de la investigación por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco. El Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de cárcel para el parlamentario, debido al monto presuntamente defraudado y al carácter reiterado de los hechos investigados.
La indagatoria apunta a un supuesto esquema de obtención irregular de recursos públicos mediante asesorías parlamentarias que, según la Fiscalía, no se habrían realizado. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2018 y 2022, cuando Calisto ejercía como diputado.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el senador –y entonces diputado– se habría concertado con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener fondos del Congreso Nacional a través de contratos de asesorías ficticias, generando un perjuicio fiscal de al menos $103.664.697.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostuvo que la investigación da cuenta de “un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios”.
Según el persecutor, parte de los honorarios pagados por el Congreso a Graf Toledo habrían sido transferidos posteriormente al entonces diputado Calisto y a Cárcamo Catalán, para su provecho y beneficio personal.
“En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, señaló Libedinsky.
Junto con la acusación, la Fiscalía pidió nuevamente el desafuero del senador ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, con el objetivo de que el tribunal declare admisibles los capítulos de la acusación.
Finalmente, con la presentación de la acusación, la investigación entra en su etapa previa al juicio oral, instancia en la que la Fiscalía buscará acreditar la existencia del presunto mecanismo de defraudación y la participación de cada uno de los acusados.
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