La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal Constitucional (TC) que declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la empresa Brink’s en el marco del juicio por colusión que se tramita ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra esta empresa, Loomis y Prosegur, y solicitó que alce la suspensión ordenada respecto de la causa seguida ante el TDLC.
El recurso de Brink’s persigue que se ordene a la FNE exhibir las piezas del expediente de investigación antes que las partes contesten la acusación de colusión efectuada por el ente persecutor, porque de otra forma, según tal empresa, no podría llevar a cabo su defensa judicial.
Los argumentos de la FNE fueron expuestos hoy ante la Primera Sala del TC por el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, en la audiencia convocada para resolver la admisibilidad del recurso.
Durante su alegato, el Fiscal destacó que el procedimiento contencioso seguido ante el TDLC contempla una serie de garantías que resguardan el debido proceso de todas las partes que en él intervienen, por lo que el requerimiento de inaplicabilidad formulado por Brink’s carece de fundamento plausible, además de no incidir decisivamente en la gestión seguida ante el TDLC. El Fiscal destacó que durante el juicio Brink’s y todas las demás partes podrán efectuar todas las alegaciones que estimen pertinentes para intentar dar explicaciones a sus actos, acceder e impugnar la evidencia que recabó la FNE durante su investigación, y presentar toda la prueba que sustente su defensa.
Junto con lo anterior, la FNE solicitó al TC que revierta la paralización del juicio en el TDLC decretada al momento de acoger a trámite el recurso con fecha 14 de enero de 2022, como consecuencia de la solicitud de inadmisibilidad formulada.
El caso
La FNE presentó el 7 de octubre ante el TDLC una acusación por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país: Brink’s, Loomis y Prosegur, y contra seis de sus principales ejecutivos, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
Acorde con la modificación legal aplicada el 2016 al régimen de multas, la FNE pidió al TDLC que aplique a las empresas y ejecutivos sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 63,4 millones.
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