El gobierno anunció cuatro medidas económicas para el sector de la construcción, esto en el contexto de la emergencia habitacional que vive el país y los últimos hechos en el rubro que están marcados por la solicitud de quiebra por parte de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV).
Las cuatro medidas anunciadas apuntan a dinamizar el mercado inmobiliario, atendiendo los problemas que enfrenta este sector complejizando el acceso a las viviendas. Estas medidas son:
1) Donaciones de terrenos: de parte de empresas para que se puedan construir viviendas para sus empleados con sus ahorros. Se establecerá un mecanismo que permita que las empresas puedan donar terrenos a sus trabajadores con fines habitacionales. La donación quedará exenta del impuesto a la donación. Además, será considerado un gasto aceptado para el empleador. Esta medida será incorporada en el proyecto de reforma tributaria que se analiza en el Congreso.
2) Garantía estatal de 10% del valor del inmueble: esta medida fue anunciada en el marco del Plan Invirtamos en Chile, y consiste en que se otorgue una garantía estatal por el 10% del valor de la vivienda, para precios de viviendas entre 2600 y 4500 UF. El efecto práctico de este apoyo sería el que la autoridad regulatoria calcularía ahora las provisiones considerando el saldo adeudado como proporción del valor de la garantía del inmueble más el 10% de garantía estatal.
Cabe destacar que esto beneficiaría a una proporción alta de familias, ya que la concentración de demanda de sectores medios por viviendas va precisamente en el rango de las 2600 a 4500 UF. Y estos sectores son los que sufren hoy plenamente el impacto de mayores precios en UF de las viviendas, menores salarios en UF, mayor costo del crédito y dificultades para juntar un ahorro previo mayor o igual a 20% para costear el pie. Esta medida reduciría los costos de los créditos hipotecarios.
3) Seguro de remate: Actualmente la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) supervisa el cumplimiento de algunos resguardos que debe tomar la banca a la hora de otorgar créditos, entre estas, hacer provisiones sobre créditos y cumplir requerimientos de capital para la eventualidad de que los clientes no sean capaces de pagar la deuda y la vivienda deba ser rematada. Cuando los créditos exceden el 80% del valor de la vivienda, se gatilla el aumento muy rápidamente de las provisiones y los requisitos de capital, lo que provoca un encarecimiento de los préstamos.
Entonces, la primera medida consiste en aumentar la cobertura del seguro de remate, a un 100% de la diferencia entre el monto de los recursos obtenidos en el remate y el saldo de la deuda, para los tramos de viviendas entre las 1600 y las 2800 UF, ya que la cobertura decrece actualmente hasta solo 40% en ese tramo. Esta sería una medida administrativa de Minvu.
«Esta medida, sumada al efecto de la garantía estatal del 10% del valor del inmueble, estimamos que implicaría una reducción de la tasa de interés de los créditos hipotecarios del orden de los 100 puntos base o un punto porcentual», indicó el ministro Marcel.
4) Extensión de vigencia del crédito especial IVA: este beneficio es para las empresas constructoras, que tras diversas legislaciones fue reduciéndose en el tiempo tanto en tramo como en plazos. Se consideraba que el beneficio tributario que les permite descontar IVA desapareciera en 2025. Sin embargo, la medida anunciada extenderá el período de transición de este beneficio de modo que se mantendrá en un 25% por dos años, para el 2025 y 2026, y terminará definitivamente en 2027.
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