El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado su reforma constitucional con la que busca fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública.
La iniciativa, presentada con suma urgencia, contempla ocho modificaciones al texto constitucional. Entre ellas, incorpora expresamente la seguridad pública como deber del Estado y habilita regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por crimen organizado y terrorismo, con restricciones de comunicaciones, visitas, traslados y beneficios.
El proyecto establece además que estos condenados podrán quedar, durante el cumplimiento de la pena y por 15 años posteriores, impedidos de acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos. El detalle deberá ser definido por una ley de quórum calificado.
También contempla la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en casos de crimen organizado, restricciones para acceder a penas sustitutivas y beneficios penitenciarios, y la posibilidad de crear registros de organizaciones criminales.
Otra modificación faculta al Presidente para declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. La decisión requerirá posteriormente el respaldo de dos tercios del Senado para producir efectos.
La propuesta crea además un estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podrá decretarse ante una amenaza grave e inminente o cuando la seguridad pública se encuentre gravemente afectada.
Podrá extenderse por hasta 120 días y ser prorrogado inicialmente por igual periodo. Nuevas extensiones requerirán acuerdo del Congreso.
Durante su vigencia podrán restringirse derechos como la libertad de locomoción, reunión y asociación, además de contemplarse interceptación de comunicaciones y requisiciones de bienes. Las zonas afectadas quedarán bajo la dependencia de un oficial general designado por el Presidente.
SIGUE LEYENDO
Diputado Teao no descarta acciones judiciales tras informe por contrataciones irregulares en El Tabo
El desafío de la nueva Ley del Mono: ¿están preparadas las municipalidades para regularizar miles de viviendas?
Presidente Kast asegura que aún no ha revisado solicitudes de indulto: “No los tengo en mi escritorio”