El Gobierno y distintas municipalidades comenzaron a obtener los primeros resultados del trabajo de trazabilidad de niños, niñas y adolescentes haitianos ingresados a Chile, luego de los antecedentes levantados por Contraloría sobre menores que no habían podido ser ubicados y la apertura de una investigación de oficio por parte de Fiscalía ante el posible tráfico de menores.
Uno de los primeros hallazgos se registró en Estación Central, donde funcionarios municipales ubicaron a siete menores haitianos en un inmueble de la comuna. Según informó el alcalde Felipe Muñoz, los niños se encontraban bajo el cuidado de un adulto, en condiciones habitacionales precarias.
El jefe comunal señaló que los menores están en situación de pobreza y hacinamiento, aunque precisó que se encuentran escolarizados y cuentan con un lugar donde dormir.
El municipio deberá colaborar en la ubicación de 184 niños, según indicó el alcalde Muñoz, quien sostuvo que el objetivo es “reconstruir la trazabilidad de estos niños”.
Una situación similar fue reportada en Graneros, donde se informó el hallazgo de dos menores haitianos y la eventual presencia de otros nueve niños en la comuna.
Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI) logró establecer la ubicación de otros 25 menores haitianos que no habían sido encontrados en una primera búsqueda realizada por Oficinas Locales de Niñez de distintas municipalidades.
El hallazgo se enmarca en el plan de búsqueda encabezado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, a partir del informe reservado de Contraloría que revisó una muestra de 105 niños haitianos ingresados a Chile durante 2025. De ese total, 64 no pudieron ser encontrados inicialmente.
Para avanzar en la búsqueda, el Servicio Nacional de Migraciones elaboró listados con las identidades de los menores y las direcciones donde presuntamente podrían encontrarse. Esa información fue remitida a la Subsecretaría de la Niñez y luego entregada a las municipalidades.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el proceso tras reunirse con la ministra de Desarrollo Social y explicó que el procedimiento consiste en verificar las direcciones declaradas, determinar si los menores continúan en esos domicilios o si se trasladaron, y coordinar el trabajo con la PDI y otros organismos competentes.
Arrau agregó que, si bien el Ministerio Público mantenía investigaciones previas, hasta ahora no existen denuncias por presuntas desgracias vinculadas directamente con los niños incluidos en este listado.
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