El exdiputado Rubén Oyarzo (Partido Radical) reflotó detalles obtenidos a partir de una fiscalización a un sospechoso vuelo privado en octubre de 2025, el que despegó desde Haití y, tras escaldas, llegó a Chile con información poco clara respecto a los propietarios y el detalle de sus pasajeros. En ese contexto, afirmó que “por cada charter que llegaba eran 100 niños que ingresaban”. Además, recordó que en una sesión especial de ese mismo año el Ministerio del Interior, el Servicio de Migraciones y la PDI aseguraron que “estaba todo correcto” en el ingreso de los menores mediante el programa de reunificación familiar.
Así lo señaló el ex parlamentario, quien en su calidad de entonces presidente de la Comisión de Gobierno Interior, denunció vuelos sospechosos con niños haitianos en 2025, y que tras las primeras hipótesis de las investigación abierta manifestó que “esto es gravísimo, la preocupación primordial es saber dónde están los niños”.
Para Oyarzo, “el Gobierno está actuando de forma correcta. Espero que la Fiscalía haga justicia. Si se cometieron horrores o errores, que salga todo a la luz pública y caiga quien caiga. La justicia tendrá que ver quiénes son los culpables, y veremos si hay responsabilidades políticas. Lo más importante –insisto– es saber qué pasa con los niños y dónde están, porque el Estado tiene que resguardar sus derechos y eso es lo primordial”.
“Espero que se siga investigando, que el Ejecutivo tome las medidas, como esta fuerza de tarea y juntar a todos los poderes del Estado, pero lo primordial es saber qué pasa con los niños, dónde están. Nos quedamos cortos con las cifras, no son 200. Por lo menos, por cada charter que llegaba, eran 100 niños que ingresaban. Y así fue en el vuelo que fui a fiscalizar al aeropuerto y sobre el que entregué los antecedentes a la Contraloría, y que si no fuera por el trabajo que hizo la contralora no estaríamos hoy día hablando de este tema”, agregó.
Asimismo, recordó que “en abril del 2025 se hizo una sesión especial en la Comisión de Gobierno Interior –la que yo presidía– y el director de Migraciones Luis Thayer Ojeda, la prefecta PDI Consuelo Peña, y el entonces ministro del Interior Álvaro Elizalde, dijeron que todo estaba en forma correcta. Y hoy vemos que las formas correctas no eran así. Y si escuchamos la sesión del Senado de este miércoles, también la DGAC, Ministerio del Interior y PDI, decían que estaba todo correcto”.
También se le consultó respecto a su parecer sobre las flexibilizaciones del SERMIG encabezado entonces por Thayer, ante lo que señaló que “quiero ser sincero. Participé en el grupo de amistad con la Embajada de Haití y nos pidieron flexibilizar por la crisis que estaba en su país. Yo firmé con varios diputados de ese entonces, fue una solicitud de la embajada porque estaban en una crisis. Una cosa es flexibilizar, y otra cosa es cometer actos de corrupción, falsificar información y que se hable de ingreso de niños sin papeles. Aquí se cometieron muchas irregularidades y delitos. No se cumplió con la Ley de Migraciones 21.325, ni el artículo 28. Así que en ese sentido hay que llegar hasta las últimas consecuencias”.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) valoró la fuerza de tarea impulsada por el Gobierno y la convocatoría a los tres poderes del Estado para abordar y trabajar en el caso de los cientos de niños haitianos que ingresaron al país a través de vuelos privados y de los que no se tiene registro sobre su actual ubicación, señalando además que se deben determinar las responsabilidades penales y administrativas por estos hechos. En ese mismo contexto,
Respecto a la convocatoria del Presidente José Antonio Kast, Mulet comentó que “me parece bien, hay que hacer todo lo posible por investigar a fondo y buscar a los niños que no están. Eso es fundamental. Cualquier política pública, cualquier gestión del Estado, está supeditada al interés superior de los niños. Y lo que ha pasado, las descripciones que uno ha visto, resulta muy extraño y doloroso. El Gobierno ha hecho lo correcto en convocar a los tres poderes del Estado, y en llegar al fondo de esto y a la verdad”.
“Si se cometieron errores u horrores, establecer el máximo rigor de la ley a las personas que fallaron administrativa o penalmente, creo que es fundamental. Esta situación es realmente una brutalidad”, sostuvo.
En ese sentido, se le preguntó sobre las flexibilizaciones para las visas autorizadas por el entonces director del Servicio de Migraciones (SERMIG) Luis Thayer, y si estima que estas pudieron haber facilitado los eventuales delitos.
“Es probable, pero no lo sé, eso es parte de la investigación. A veces se pueden flexibilizar cosas, pero hay que ver las razones y las causas. De manera que no me atrevo a decir que hay una responsabilidad, pero sí que la puede haber. La justicia y, obviamente los órganos administrativos del Estado, lo tendrán que investigar”, finalizó.

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