Isapres advierten merma de $94 mil millones tras reajuste de planes y cuestionan cálculo de la Superintendencia

Con el término del plazo para informar los reajuste en sus planes base, la Asociación de Isapres volvió a cargar contra la Superintendencia de Salud (SS), donde acusan que los cálculos para aumentar los precios no se han hecho de forma correcta.

Así, mediante un comunicado, señalan que «puesto en cifras, el inexplicable método de cálculo que realizó la Superintendencia de Salud implicará una merma en la recaudación por $ 94 mil millones, que resultan de la diferencia entre el 7,6% del tope establecido en marzo por la Ley 21.350 y los porcentajes que resolvió a autoridad la semana pasada, para el proceso de adecuación 2022-2023″.

«El criterio de cálculo que aplicó la Superintendencia de Salud no es consistente con las variaciones de los últimos tres años en el sistema, ni con la Ley 21.350 que fijó un mecanismo para establecer un tope máximo al alza. Prueba de ello es que, si bien la medición constató un alza en los costos -por mayor uso de prestaciones y licencias médicas- que alcanza el 22,5% en el sistema, la autoridad optó por autorizar un 6% promedio en las Isapres, valor que representa un tercio del incremento real de gastos, según consta en las resoluciones emitidas», sostiene la Asociación.

El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, manifestó que «vemos una vez más, con profunda preocupación, nuevas acciones de la Superintendencia de Salud contrarias a las garantías de un modelo regulado y que profundizan la crisis de sostenibilidad de las Isapres. Son hechos que desafían el compromiso que ha suscrito la autoridad para resguardar el bienestar de los tres millones de personas que han escogido el sistema».

Por último, mediante un comunicado, las Isapres declaran que «la variación propuesta por cada Isapre no es antojadiza, pues responde a la siniestralidad real de las carteras de afiliados a partir de antecedentes que son permanentemente validados por la autoridad y que permiten justificar correctamente la adecuación en cada institución. En ese contexto, un cálculo mal ajustado a la realidad impide proyectar la operación hacia el futuro y arriesga los beneficios de los afiliados».