Un reportaje reveló que el juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, autorizó el 25 de enero pasado la realización de videollamadas para cuatros reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), quienes están vinculados al Tren de Aragua.
Según la investigación de Meganoticias, Gendarmería mostró su preocupación por este decisión y advirtió que «pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada», por lo que presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dicho documento señala que «considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial en comento, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados».
En ese sentido, sostienen que «mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración».
Por su parte, el tribunal de alzada resolvió no innovar y suspendió así la decisión del juez Urrutia, dictando el pasado 13 de febrero la elaboración de un informe con los detalles de la acción del Urrutia.
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