5 de octubre 2024

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Un peritaje de la Policías de Investigaciones (PDI) en el marco del Caso Convenios detectó abonos sospechosos realizados por Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel Boric, hacia la fundación ProCultura durante la campaña presidencial.

Según consigna El Mostrador, se trata de al menos cinco transferencias que estarían bajo la lupa de la PDI, situación que fue negada por Karamanos mediante un comunicado, en donde señaló que «niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura», detallando que prestó servicios a ProCultura entre mayo de 2021 y febrero del 2022, por un monto de $973.000 mensuales.

Por lo anterior, afirmó en su comunicado que «desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política» y aseguró «mi total disposición a colaborar con la justicia en cualquier investigación que se considere pertinente».

La información señalaba que la PDI sugirió citar a declarar a Karamanos en calidad de imputada, sin embargo el director general Eduardo Cerna desmintió dicha situación.

Por su parte, durante la mañana de este jueves, el Presidente Gabriel Boric aseguró en entrevista con radio FM Quiero de Antofagasta que «tengo la tranquilidad de que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política».

En esa misma línea, sostuvo que «no basta con que lo diga yo, es insuficiente. La gente está cansada de defensas corporativas en este tema. Que se investigue todo lo que haya que investigar (…) personalmente, estoy tranquilo. Pero para que la ciudadanía esté tranquila, hay que tener total transparencia. En el comunicado que hace Irina, manifiesta su disposición a colaborar con absolutamente toda la investigación».

Asimismo, afirmó que «esa sospecha no me cabe duda que va a ser descartada». De igual forma, indicó que «acá nadie, sea cercano, lejano, va a tener ningún tipo de privilegio en esto».

Desde el Frente Amplio, la diputada Maite Orsini comentó a través de sus redes sociales pidiendo «Rigurosidad y responsabilidad: Algunos tratan de jugar al empate, cuando no hay nada que empatar. Todo mi respaldo a Irina».

Mientras que desde el Partido Socialista, el diputado Marcos Ilabaca, señaló que «cómo en todo los casos donde puedan existir antecedentes de supuestos hechos de corrupción: caiga quién caiga. La investigación debe determinar qué sucedió allí. Y será la señorita Karamanos quien determine y entregue los antecedentes dentro de este proceso investigativo».

Igualmente, precisó que «claramente, cuando no existen antecedentes concretos, cuando esto ocurrió previo a que el Presidente Gabriel Boric fuera Presidente, y que fue en pleno gobierno del Presidente Piñera, creo que no corresponde una acusación que hoy intenta levantar la derecha contra el Presidente».

Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (IND), quien presidió la Comisión Investigadora del Caso Convenios 2, declaró que «me parece particularmente preocupante que haya podido existir una estrategia para impedir el avance de la investigación que podría afectar a la expareja del Presidente Gabriel Boric”.

«También me preocupa que el Presidente haga creer que el Caso Convenios está fuera de La Moneda, cuando hace pocos días en la Cámara de Diputadas y Diputados hemos aprobado por mayoría un informe que establece responsabilidades políticas y que apunta al corazón del segundo piso de asesores del Presidente, en particular al jefe de asesores, Miguel Crispi; y a la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, a quien se acusa incluso de mentir ante la Comisión respecto de su rol en la fundación Democracia Viva», agregó.

Por lo anterior, confirmó que que «pediremos que el fiscal nacional aclare qué ocurrió para impedir que Irina Karamanos haya sido citada a declarar frente a estos presuntos traspasos de plata a la fundación ProCultura, cuyo líder ha sido históricamente cercano al Presidente Gabriel Boric y al Gobierno».

Finalmente, la bancada del Partido Repúblicano solicitamos que, conforme a lo indicado, se investigue una eventual obstrucción a la justicia en este casose determine si existen responsables que hayan interferido en el proceso y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que la investigación siga su curso conforme al Derecho, sin ningún tipo de interferencia, despejando los hechos y que los culpables, en definitiva, enfrenten las consecuencias legales correspondientes.