El categórico dictamen de Contraloría que confirma infracción a la probidad de Karla Rubilar

La Contraloría General de la República emitió una resolución tras analizar la denuncia en contra de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, por el supuesto uso de recursos públicos para favorecer a la campaña de su pareja, Christian Pino, para ser diputado.

Según publico T13, la ministra cometió actos ilegales al dar instrucciones al chat con el equipo de trabajo del Ministerio relacionadas a trabajos para el candidato.

? "Los ministros de Estado no pueden usar su autoridad para fines ajenos a sus funciones, ni con ocasión del ejercicio de su cargo, ordenar ni incentivar a los funcionarios bajo su dependencia a promover, de cualquier modo, a candidatos o campañas electorales".

— Veritas Capitur Noticias (@VeritasCapitur) November 12, 2021

«En dichas conversaciones se advierte que aquella entrega instrucciones a los destinatarios del grupo para que apoyen y promocionen la candidatura del señor Pino Lanata, ejerciendo de este modo su autoridad para beneficiar la campaña de su pareja; conversaciones cuya existencia y tenor no han sido desmentidos en el informe de la Subsecretaría de Evaluación Social”, indicó el organismo según reporta el citado medio.

“Si bien no está acreditado que con ocasión de los hechos denunciados hubo utilización de recursos públicos, de haberse cumplido las instrucciones que la Ministra Rubilar Barahona impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia y de su confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos”, se informa.

? Y sobre el sumario interno, la Contraloría señaló que "no resultó procedente que la Ministra (@KarlaEnAccion) haya dispuesto la instrucción de tal proceso sumarial, estando involucrada personalmente en los hechos que se investigarían".

— Veritas Capitur Noticias (@VeritasCapitur) November 12, 2021

De acuerdo al medio, la Contraloría remitió los antecedentes a la Cámara de Diputados para ejercer medidas fiscalizadoras.