En el marco de la conmemoración de los cuatro años de vigencia de la Ley de Inclusión Laboral (21.015), la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, sostuvo un encuentro con seis jóvenes con discapacidad que participan del programa de inclusión laboral de la Fundación ConTrabajo y que se desempeñan en la Panadería San Camilo.
Durante la ocasión, la directora ejecutiva de la Fundación ConTrabajo, María José López, dio a conocer las principales conclusiones del último estudio realizado por la organización respecto a la evolución de la normativa. Entre ellas, destaca que la tasa de información de cumplimiento de la Ley 21.015, entre 2019 a 2021, alcanzó tan sólo el 39,5%, con 5.074 empresas que registran relación laboral vigente con personas con discapacidad.
Otro hallazgo del informe es el alto número de contrataciones de personas con discapacidad que han terminado. En 2021, el 35,9% de los contratos registrados fueron terminados, en comparación con el 22,8% del año anterior. “Este escenario muestra que la sostenibilidad de los procesos de inclusión es muy baja. Nuestro foco prioritario, como sociedad, es implementar inclusiones con modelos de gestión y de apoyo que permitan su sostenibilidad en el tiempo”.
La ley de inclusión laboral, en vigencia desde el 1 de abril de 2018, estableció, entre otros elementos, una reserva del 1% de los puestos de trabajo que existan en organismos del Estado, civiles y castrenses, y en empresas del ámbito privado con 100 o más trabajadores a personas con discapacidad y pensionados de invalidez. Así, esta legislación busca garantizar a ese grupo de la población, en igualdad de condiciones respecto al resto de los trabajadores, el acceso al mundo del trabajo y a la protección que brindan los diversos regímenes previsionales, pues el tener un trabajo formal conlleva el pago de las respectivas cotizaciones.
Al respecto, la ministra Jara indicó que la Ley de Inclusión Laboral vino a materializar un principio básico de justicia de las sociedades modernas, en virtud del cual todas las personas gozan de igual dignidad, derechos y oportunidades. En ese sentido, agregó que “es muy importante la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y que el empleo es una forma de hacerlo. El trabajo no es sólo una fuente de ingresos, sino que un factor de dignidad”.
Si bien manifestó que aún quedan desafíos pendientes, señaló que esta normativa “reconoció un derecho que, en el lugar en que antiguamente podía darse lugar a marginación, hoy se generan oportunidades”.
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