La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 99 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de ley que regula las ocupaciones ilegales de inmuebles, conocido popularmente como «ley de usurpaciones», y lo hizo rechazando las indicaciones del ejecutivo en el artículo más discutido.
Dicho artículo hace relación con una «legítima defensa privilegiada» y/o «autotutela», facultad que tendrían las víctimas de estas ocupaciones para retomar sus terrenos, lo que ha sido calificado por la ministra Carolina Tohá como «salvajismo».
Sobre el proyecto que avanza en su tercer trámite constitucional al Senado, la ministra Tohá dijo tras el final del debate que «no sólo se presume la concurrencia de los requisitos, sino que habilita causar cualquier daño al autor del delito: esa es la legítima defensa privilegiada. O sea, aquí se puede actuar en cualquier plazo, recurrir a terceros y causar cualquier daño».
«Estamos haciendo un esfuerzo para tener una ley que proteja a las personas a quienes le usurpen sus bienes, pero hagámoslo con las herramientas del derecho, no del salvajismo», agregó la secretaria de Estado.
Pese a lo anterior, el Ejecutivo sí logró que una de sus indicaciones fuera aprobada, la que señala que «no podrá ser detenida (…) la persona que estuviere imputada por alguno de los delitos descritos (…) si se encontrare ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo de 2024».
El proyecto podrá ser votado este miércoles por la Sala del Senado.
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