Venezuela ordenó la suspensión de las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos junto con la expulsión del personal con un plazo de 72 horas para que abandonen el país.
Así lo anunció el canciller venezolano Yvan Gil, quien declaró que «esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país».
La suspensión de la oficina se mantendrá «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas», dijo el canciller Gil.
La decisión llega luego que el Alto Comisionado expresara «profunda precaución» por la detención de Roció San Miguel, activista venezolana, quien fue acusada de «terrorismo».
La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada en 2019, durante la gestión de la expresidenta Michelle Bachelet en la ONU.
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