La empresa constructora Claro, Vicuña Valenzuela (CVV) solicitó su quiebra y anunció que desmovilizará más 30 obras, despidiendo así también a cerca de 2.500 personas.
La empresa indicó ante la justicia que su relación contractual con el Ministerio de Obras Públicas es uno de los elementos que determinaron esta debacle.
Representada judicialmente por Nelson Contador, Abogados & Consultores, «hoy la compañía debe avanzar hacia su liquidación afectada por los cambios estructurales que enfrenta la industria de las construcción y la burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar pagos, fracasando los intentos de solución extrajudiciales», consigna Diario Financiero.
El mismo abogado afirmó que son cerca de $17 mil millones los que la empresa no dispone de los mandantes para solventar los gastos de obras, y entre ellos está principalmente el MOP.
Además, precisa que «respecto a eso, es relevante señalar que, según lo informado por el deudor, el volumen de deuda corriente con el que la empresa inicia este proceso de liquidación voluntaria asciende a más de $ 44 mil millones, sin perjuicio de las garantías asociadas a las obras», indicó.
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