Más de cien jugadores son investigados tras escándalo de arreglos de partidos en el fútbol brasileño

• Las casas de pronósticos deportivos son consideradas víctimas. El Gobierno ve las apuestas deportivas como fuente de recaudación de impuestos.

Por Patricio de la Barra de Revista El Ágora

En el centro de entrenamientos Rey Pelé, los jugadores del cuadro principal del Santos mal conseguían disfrazar su preocupación por la suerte que puede correr el zaguero Eduardo Bauermann (foto principal). El espigado central y líder del cuadro portuario es uno de los implicados en la segunda fase de la operación Penalidad Máxima, que investiga indicios -cada vez más claros- de manipulación de resultados en los torneos de las dos series del campeonato nacional.

Curiosamente en este escándalo, que estremece el deporte más popular del país, las casas de apuestas y los clubes son considerados víctimas. Es más, el Gobierno envió al congreso una medida provisoria para modificar la ley sancionada en el 2018, por el ex presidente Michel. En intento por aceptar la presencia del juego de azar, el propio presidente Lula da Silva pidió al ministro que recibiese a los representantes de las casas de apuestas.

La ley actual distribuye las ganancias destinando un 95% para el operador, lo que cae para 84%. Se mantiene un 2,55% para la fuerza nacional de seguridad pública; 1,63% para entidades deportivas y un 0,82% para las escuelas públicas. Se agrega un 1% para el Ministerio de los Deportes.

Otra curiosidad es que la nueva medida del Gobierno mantiene algunas reglas para el funcionamiento de las casa de apuestas. Las empresas que operan en Brasil deben contar con sede en el exterior y no deben tener puntos de venta físicos en el país. Es decir, siguen funcionando a través de sitios hospedados en dominios de redes internacionales, sometidas a la legislación del país de origen. Este ítem ya encuentra resistencia entre algunos parlamentarios que quieren legalizar y aplicar elevados impuestos. 

La determinación busca prohibir la propaganda de casas que no estén licenciadas y disminuir las ganancias de éstas. El Ministerio de Hacienda prohibirá que menores de 18 años, además de administradores y funcionarios de las casas, puedan apostar. Tampoco podrán hacerlo personas que trabajen en entidades deportivas, como dirigentes, entrenadores y jugadores. O sea, cualquiera que pueda influenciar en los resultados del evento.

Con el desvío de conducta alcanzando niveles insospechables, el ministro de Justicia, Flavio Dino, prometió que la policía federal deberá asumir las investigaciones de todas las denuncias hechas por el Ministerio Público, lo que podría tener un efecto pirotécnico pero poco efectivo, ya que hasta el momento no se consideran medidas que investiguen el alcance de las empresas que controlan el juego.

PARTIDOS Y JUGADORES SOSPECHOSOS

El escándalo, que fue descubierto por el presidente del club Vila Nova, de Goias, Hugo Jorge Bravo, ya se expandió por otros seis estados. De acuerdo a Bravo, uno de los jugadores, que fue separado del plantel, intentó corromper a varios de sus compañeros. Uno de ellos llegó a ser amenazado de muerte, por negarse a participar del esquema.

En la primera fase fueron identificados seis integrantes de la agrupación delictiva. Tres de ellos tienen la prisión preventiva decretada y algunos de los jugadores, que ya reconocieron su participación, deben ser interrogados en los próximos días.  Entre estos figura Bauermann, quien reconoce haber sido contactado por un ex compañero, para recibir una tarjeta amarilla y hasta forzar una expulsión. Por la tarjeta amarilla obtendría 50 mil reales, unos 10 mil dólares. Y por una expulsión, el doble.

La cuadrilla también paga por autogoles, penales, tiros de esquina, y otras alternativas. Bauermann indicó que ya había sido contactado cuando militaba en el América de Minas Gerais.

En las primeras investigaciones la policía encontró conversaciones entre los delincuentes y jugadores, como una en que un futbolista lamentaba no haber podido cumplir con el pacto y culpó al árbitro, que no lo amonestó aún después de haberlo insultado. Los primeros encuentros investigados son: Palmeiras-Juventude, Juventude-Fortaleza, Goias-Juventude, Ceará-Cuiaba, Red Bull Bragantivo-América MG, Santos-Avai, Botafogo-Santos y Palmeiras-Cuiabá.

Los jugadores declarados reos, además de Eduardo Bauermann, son los siguientes: Gabriel Tota (Ypiranga-RS), Victor Ramos (Chapecoense), Igor Cariús (Sport Recife), Paulo Miranda (Náutico), Fernando Neto (São Bernardo) y Matheus Gomes (Sergipe). Otros nombres citados son los del ecuatoriano Realpe (Bragantino), el del uruguayo Jesús Trindade (Coritiba) y el de Max Alves, ex Flamengo y Cuiabá, que actúa en el Colorado Rapids-EUA, club que suspendió su contrato.

El esquema de interferir en las apuestas mediante el control de jugadores ya había sido denunciado por el ex futbolista Rafael Sobis, en 2021, pero nadie se interesó en tomar alguna precaución.

En total son cien los jugadores llamados a declarar, algunos como testigos y otros por supuesta complicidad con la organización criminal. En caso de comprobarse su participación, dependiendo de su grado de vinculación con los delitos, los jugadores podrán ser condenados a penas que van de los dos a los seis años de detención y multas.

Los detenidos preventivamente son tres de los seis apuntados como cabecillas del grupo. El principal es Bruno López, quien tuvo mensajes interceptados en los cuales asegura tener en su mano a ocho jugadores del Botafogo.