Ministro Montes asegura ante el Senado: «Todo los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior»

El ministro Carlos Montes llegó hasta la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado para entregar antecedentes respecto a los polémicos convenios de trato directo sostenidos entre distintas seremis y fundaciones como Democracia Viva y Urbanismo Social, integradas por militantes de Revolución Democrática.

En este contexto, el jefe del Minvu expuso que «el gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se establece un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu. Y en el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023 y esto solamente se ha traducido en dos proyectos».

«Los demás venían como arrastre global desde el punto de vista de su contenido y objetivo y también de la base presupuestaria. El año 2022, el gobierno lo único que hace es cierto ajuste entre los proyectos, por ejemplo, le disminuye a los dos proyectos de esta institución (Democracia Viva) más o menos 130 millones, porque consideraron que era posible hacerlo y eso lo hizo la encargada que había en ese momento del programa», agregó.

En ese sentido, el ministro Montes afirmó que «estamos en proceso de investigar esto porque no es claro cuándo se gestó, ni cómo se gestó y por qué adquirió esta forma. En varios aspectos, por qué dejó de haber licitación, o sea, nunca lo hubo; en segundo lugar, no hay garantías, por qué no hay garantías; y en tercer lugar, cómo se determinan los montos de los proyectos».

Finalmente, dijo que «en general a la conclusión a la que hemos llegado es que se aplicó lo que había para los municipios a las instituciones, hay una inercia, se mantiene un cierto patrón de comportamiento con lo que antes se aplicaba con los municipios, que ellos no tienen que tener garantías y los privados decían que se llega a la misma modalidad. Esto nos parece bastante preocupantes y estamos particularmente investigándolo».