17 de mayo 2024

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Este miércoles el diputado Tomás Lagomarsino, del Partido Radical, confirmó que otro parlamentarios se han sumado al estudio de la eventual Acusación Constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, “producto de que no vamos a ser cómplices del catastrófico manejo político sanitario del sector salud el día de hoy”, explicó.

Al respecto, la diputada Mónica Arce (IND), expresó que “hemos agotado todas las instancias de diálogo, de fiscalización, pero vemos que no existe voluntad para el trabajo que nosotros realizamos y para las personas a las cuales representamos. Como no existe voluntad de recibir a las familias y tampoco a los parlamentarios, nosotros pusimos ya en reflexión nuestra votación de Salud 2024 respecto del presupuesto. Y vemos que aun así tampoco se ha mostrado ninguna voluntad de querer abrir espacios, ni siquiera de diálogo”. 

En ese sentido, sostuvo que “como dice el diputado Lagomarsino, nosotros no vamos ser cómplices de que se sigan muriendo lactantes que tienen enfermedades catastróficas, pero que el Estado hoy día los desahucia y los trata como si fueran terminales.

Y agregó que “tampoco vamos a ser cómplices del agobio laboral que están sufriendo los trabajadores de la salud de las continuas situaciones de maltrato y abuso de parte de pacientes que en las urgencias, por ejemplo del Sótero del Río, esperan de 24 a 36 horas para ser atendidos”.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN), observa que existen argumentos que podrían impulsar la arremetida, entre los que señala que “el Ejecutivo ha pedido nuevamente una prórroga, a la Corte Suprema, por seis meses, por esta ley corta de isapres. El problema es que sigue, con aquello, creciendo las listas de espera. Eso se traduce en que el sistema de salud público sigue colapsando. Siguen, lamentablemente, falleciendo más personas. Sigue aumentando la deuda en salud pública. Sigue quebrando el sistema de salud en su integridad. Y aquí vemos que sí hay una responsabilidad de la ministra de Salud, en un orden que le corresponde en un primerísimo lugar, que no ha sido capaz de cumplir con las fechas que, en un principio, ella se comprometió y que hoy día ha expuesto al sistema íntegro de salud público y privado en una situación muy delicada”.

En tanto, el diputado Hugo Rey (RN), señaló que “nueve hospitales en el país están en riesgo de paralizar sus construcciones porque el Estado debe cerca de US$150 millones, por el aumento del costo de materiales, que no le ha inyectado al sistema. Y tenemos un Gobierno insensible que, lamentablemente, al parecer no está preocupado de lo que va a pasar en caso de que estos hospitales no se construyan. Finalmente quienes terminan siendo perjudicados son los sectores más vulnerables del país”.