Agencia Uno
El exministro de Energía, Diego Pardow, presentó su respuesta de 121 páginas a la acusación constitucional en su contra, impulsada por parlamentarios de oposición por su eventual responsabilidad en el error metodológico que generó un doble cobro inflacionario en las cuentas de la luz. En el escrito, el exsecretario de Estado justificó su decisión de no informar públicamente el posible error detectado en 2024, argumentando que hacerlo sin contar con antecedentes claros podría haber generado “alarma en la ciudadanía” y comprometido “el interés nacional”.
Pardow explicó que, tras la alerta de Transelec en octubre de 2024, la falta de certeza sobre la magnitud del problema hacía improcedente una comunicación pública temprana. “Haberlo hecho habría significado intervenir indebidamente en un procedimiento administrativo y podría haberse interpretado como un intento de presión hacia la empresa”, sostuvo, agregando que una declaración precipitada incluso podría haber sido usada por Transelec en una eventual demanda. El exministro también descartó la existencia de mecanismos de autodenuncia en la normativa eléctrica y recalcó que no tenía facultades para intervenir directamente en la auditoría que realizó la Comisión Nacional de Energía.
En su defensa, Pardow insistió en que el error metodológico fue detectado a nivel técnico y que el Ministerio carecía de herramientas para modificar unilateralmente los cálculos tarifarios, lo que habría sido objetado por la Contraloría. Aseguró que la sobrestimación generó un sobreprecio teórico cercano a 115 millones de dólares, pero que más del 95% de ese monto no fue pagado directamente por los consumidores, debido a un mecanismo de diferimiento financiero. “Solo dos millones de dólares impactaron efectivamente en las cuentas de luz, cifra que será compensada”, enfatizó.
El exministro también solicitó que se acoja la cuestión previa, alegando que el libelo contiene acusaciones genéricas y carentes de sustento jurídico. Además, pidió a los diputados considerar el impacto que tendría una eventual sanción en su carrera académica como profesor titular de la Universidad de Chile. La comisión revisora, presidida por el diputado Jaime Mulet (FREVS), deberá ahora analizar los argumentos del exministro antes de que la acusación sea votada en la Cámara de Diputadas y Diputados.
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