Como una medida gubernamental contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios, calificaron, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Colegio de Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes (CONES), Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE) y el Consejo Nacional de Organizaciones Asistentes de la Educación (CONAECH), el plan de retorno gradual a clases presenciales impulsado por el Gobierno, a través del Ministerio de Educación.
Así lo hicieron ver estas organizaciones de la sociedad civil en una extensa carta dirigida a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en la que le solicitan realice gestiones para que el gobierno suspenda o modifique esta medida administrativa.
Los firmantes explican en la misiva, que, al igual como ocurrió en el mes de abril con los funcionarios públicos, esta decisión -contemplada en el denominado «Plan Paso a Paso», constituye «una grave amenaza al derecho a la vida y a la salud e integridad física y psíquica».
«La medida gubernamental observada es contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios, las que ponen especial énfasis en que, las medidas excepcionales que se adopten deben tener como límite el respeto irrestricto de los derechos humanos», precisa el documento.
A juicio de la CChDH, Colegio de Profesores, CONES, CORPADE y CONAECH, «el retorno a clases presenciales requiere necesariamente tener absoluta certeza acerca no sólo de las condiciones de los respectivos establecimientos educacionales, sino del contexto pandémico local y su entorno, con sus comunicabilidad y desplazamientos, amén del plan de testeo y trazabilidad».
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Y, en su opinión, «es también de la mayor importancia entender, que en esta situación de incertidumbre es crucial reconocer que, para ser efectiva la decisión de volver al colegio, ésta no puede provenir exclusivamente de un mandato de la autoridad, sino que deberá contemplar la participación de las comunidades locales, las comunidades escolares y las propias familias, garantizando la operatividad de todas las medidas de prevención para estudiantes, docentes y funcionarios; cuidando que los espacios y organización de los tiempos permitan el distanciamiento necesario; asegurando la capacitación del personal para mantener este comportamiento, como -asimismo- guiar a los estudiantes, prevenir y enseñar normas de salud y cuidado, detectar nuevos casos y disponer de una red de respuesta inmediata ante ellos, como piso mínimo».
«En las condiciones descritas y con las limitaciones antes expresadas, el retorno a clases presenciales anunciado e iniciado, no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos contraídas por el Estado de Chile, sobre la base de la buena fe y tratándose de derechos tan relevantes como la Vida, la Integridad física y psíquica y la Salud, que en este caso, pueden ser afectados o puestos innecesariamente en riesgo», expresando que la protección de estos derechos fundamentales está consagrada en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La misiva enviada a la Alta Comisionada fue suscrita por Carlos Margotta Trincado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Mario Aguilar Arévalo, Presidente Nacional Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Dafne Concha Ferrando, Presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), Miguel Ángel Araneda Arriagada, Presidente del Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación de Chile, (CONAECH) y Manuela Gutiérrez, Vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES).
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