En un día clave para el nuevo texto Constitucional, antes del medio día la Convención aprobó en general el discutido informe de la Comisión de Medio Ambiente que estatiza la explotación minera y dicta nuevos estatutos sobre el agua.
El pleno ya había rechazado en varias ocasiones el informe, pero acercándose la fecha límite para la entrega del borrador, se debía decidir su futuro.
Más tarde, la atención estuvo puesto en la discusión en particular donde finalmente se aprobó por dos tercios el inciso que señala que el Estado tiene el dominio “absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas (…) en el territorio nacional…».
Por otra parte, el artículo que señala «el Estado desarrolla de manera exclusiva la actividad minera» fue rechazado y vuelve a comisión. Este también señala que, en el caso del cobre, «explorará y explotará por sí mismo y podrá hacerlo en asociación con particulares, siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado».
Un artículo que ha generados discusiones respecto al futuro de la minería en el país y divisiones incluso en la izquierda. Y que despierta incertidumbre en el mundo privado respecto al tipo de relaciones con el Estado a partir de la nueva Constitución.
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