12 de junio 2026

AQUÍ Y AHORA

NOTICIAS

  • Francisco Cabrera sostuvo que la falta de fiscalizadores y profesionales en regiones como Magallanes refleja una realidad que afecta a diversos organismos ambientales a nivel nacional, justo cuando Chile enfrenta el desafío de compatibilizar grandes proyectos de inversión con una adecuada protección del medio ambiente.

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente (FENATRAMA), Francisco Cabrera, advirtió sobre las limitaciones que enfrenta la institucionalidad ambiental para responder al creciente volumen de proyectos de inversión que se desarrollan en distintas regiones del país.

Según explicó, la magnitud de nuestro territorio contrasta con la limitada dotación de funcionarios disponible. “En algunos servicios existe actualmente un solo fiscalizador. Por ejemplo, en la Superintendencia y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de Magallanes hay una sola persona encargada de las labores de fiscalización y seguimiento en materias de conservación, pese a ser una de las regiones más extensas del país y clave en el avance de iniciativas vinculadas al hidrógeno verde”, indicó.

A ello se suma que las instituciones ambientales han debido recurrir a contrataciones a honorarios para enfrentar el aumento de trabajo derivado de los proyectos en evaluación, una situación que, a juicio del dirigente, evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades permanentes del Estado.

“Cuando hablamos de desarrollo sostenible también debemos hablar de la inversión pública necesaria para garantizar que los proyectos se ejecuten respetando la normativa ambiental. A pesar de las limitaciones de personal y recursos, los trabajadores y trabajadoras del sector cumplen con sus funciones y con los plazos establecidos”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de FENATRAMA enfatizó que el debate sobre crecimiento económico y protección ambiental debe sustentarse en evidencia y no en caricaturas que desacrediten el trabajo técnico realizado por los organismos públicos.

“Chile necesita avanzar en inversión y desarrollo, pero también necesita instituciones fortalecidas que aseguren que ese desarrollo sea compatible con la protección del patrimonio ambiental y el bienestar de las comunidades”, concluyó.