- El texto, ratificado en su idea de legislar por medio de la herramienta constitucional de la “insistencia”, será visto en particular en la Sala en una sesión especial convocada para las 16:00 horas. Al momento, la propuesta incluye como novedad la entrega del “bono de emergencia sanitaria Covid-19” para el personal de la salud.
El pasado 17 de diciembre, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en general el proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. Sin embargo, el Ejecutivo hizo uso del mecanismo constitucional de la “insistencia” y defendió su texto ante el Senado, donde logró pasar el quórum exigido para la reintegración de la propuesta al trámite.
Esta mañana, sobre la base de la citada herramienta constitucional (art. 68), la Sala de la Corporación ratificó también la iniciativa en general tras alcanzar una votación de 64 votos a favor, 59 en contra y tres abstenciones (para su rechazo debía alcanzarse el voto negativo de dos tercios de sus miembros presentes).
Por efecto de lo anterior, la propuesta fue derivada a la Comisión de Hacienda donde será debatida en particular, de modo de entregar un informe a la Sala esta misma tarde, en una sesión especial que se celebrará para tal efecto a partir de las 16:00 hrs.
El texto conserva el grueso de sus normas originales, esto es, un reajuste diferenciado, al 1 de diciembre de 2020: para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean iguales o inferiores a un millón 500 mil pesos, el aumento será de 2,7% (equivalente al IPC acumulado a noviembre); en tanto que para quienes superen el mencionado margen de ingreso, el incremento será de 0,8%. Se excluyen del beneficio las altas autoridades del país y jefes de servicios, entre otros.
Asimismo, el proyecto mantiene la generalidad de bonos, aguinaldos y asignaciones complementarias que se presentaban antes, así como un conjunto de modificaciones misceláneas que afectan diversas leyes y áreas.
La novedad sobre la mesa es una indicación ingresada por el Gobierno que incorpora un bono de 200 mil pesos, no imponible, que fue acordado con los siete gremios de la salud. El monto indicado corresponderá a una jornada ordinaria de trabajo de 44 horas semanales y se entregará de manera proporcional, si fuera esta inferior.
Este “bono de emergencia sanitaria Covid-19” no constituirá renta para ningún efecto legal. Se enterará en una sola cuota, a más tardar, en enero de 2021, a cerca de 200 mil funcionarios del sistema público de salud en servicio a la fecha de su pago.
En la discusión se criticó que la generalidad de la iniciativa se mantenga en los mismos términos y se adelantó una respuesta similar a la anterior, frente a tal escenario. De igual modo, se refutó que el nuevo bono no se aplique a todos los funcionarios dependientes del Ministerio de Salud, marginando, por ejemplo, a los pertenecientes a la Cenabast, ni tampoco a los trabajadores a honorarios.
Por otro lado, algunos legisladores llamaron a avanzar en la propuesta y a no poner nuevas trabas que impidan que los beneficios sean aplicables desde este mes.
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