Por más de cinco horas se extendió el debate en la sesión especial de Sala citada para este 24 de diciembre y que terminó despachando a la Cámara Baja el proyecto que reajusta las remuneraciones de los trabajadores del sector público, concede los aguinaldos y beneficios que indica, y modificar diversos cuerpos legales.
La iniciativa que cumplirá ahora su tercer trámite, considera un reajuste escalonado para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y un bono especial Covid-19 para el personal de la salud en el marco de la emergencia sanitaria, además de otros beneficios, tales como, un bono de término de conflicto para los trabajadores y trabajadoras con remuneraciones inferiores a 2 millones de pesos.
No obstante, por tratarse de una iniciativa de carácter «misceláneo», es decir, que incorpora diversas disposiciones y modificaciones se generó un mayor debate y conversaciones con el Ejecutivo. Uno de los puntos que generó mayor discusión fueron los artículos que permiten a la Dirección de Bienestar de Carabineros contratar un seguro destinado a la defensa jurídica a su personal; así como las facultades que se contemplan para la dirección del Sename.
REAJUSTE Y GUARISMO
Luego de la relación del proyecto, el senador Jorge Pizarro, presidente de la Comisión de Hacienda, informó los alcances del “guarismo de reajuste de 2,7% a aquellos hasta 2 millones de remuneraciones y 0,8% para quienes estén sobre ese monto. Las altas autoridades no tienen ningún tipo de reajuste. En la Comisión escuchamos a todos los dirigentes de los gremios (…) Son varios los temas que generaron debate más detallado en la aplicación de algunos bonos, como los de la salud, VTF, seguros para Carabineros, teletrabajos” y advirtió los problemas al querer incluir leyes misceláneas.
se aprobó por unanimidad una norma que busca garantizar que no exista una merma en el sueldo de los trabajadores del transporte público, cuando los operadores reciben subsidios por rebajas de tarifas.
En cuanto a los artículos correspondientes al reajuste en sí mismo y los aguinaldos, fueron apoyados también por unanimidad. Respecto a los referidos al traspaso de trabajadores de la CORFO a distintos ministerios, se dio un debate en cuanto a la necesidad de indemnizar a aquellos que pasen del régimen del Código del Trabajo al sector público propiamente tal. Finalmente, estos artículos se aprobaron con 28 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
Luego, los parlamentarios revisaron el artículo que busca subir de un 0,6 a un 3,1% el aporte de los trabajadores por concepto de Seguro de Incapacidad Laboral (SIL) Hoy estos dineros los gestiona FONASA junto a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.) que pagan las licencias médicas. Esta norma hace que los fondos pasen directo a estas entidades. Los legisladores -en forma transversal- reflexionaron sobre la realidad de las Cajas de Compensación y el rol contable de FONASA, mientras que algunos apuntaron a los compromisos asumidos por el Ejecutivo en la ley de presuestos 2021. Finalmente, este artículo fue rechazado con 17 votos en contra y 15 a favor.
SEGURO
Uno de los temas que generó mayor debate fueron los artículos 79 y 80 que permiten a la Dirección de Bienestar de Carabineros contratar un seguro destinado a la defensa jurídica a su personal. Luego de las argumentaciones, los parlamentarios aprobaron la norma con 16 votos a favor y 15 en contra.
BONO DE SALUD
Finalmente, se sometió a votación la disposición sobre la forma en que se otorgará el bono de la salud y que dispone que: «el Ministerio de Hacienda informará a más tardar el 31 de marzo del 2021, la forma en la cual se otorgará el bono especial de Emergencia Sanitaria COVID-19 regulado en el artículo 86 de la presente ley, al personal a honorarios que se desempeñe en establecimientos de la red de salud y en atención primaria, siempre que cumplan jornada completa con una antigüedad no menor a 7 meses; y al personal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (J.J. Aguirre), así como al personal de los hospitales institucionales».
«La cobertura comprenderá a los funcionarios del Sector Salud que hayan cumplido atención sanitaria producto la Pandemia del COVID-19 y siempre que cumplan los requisitos de la ley Nº 20.646».
En este punto los senadores de oposición abogaron por considerar además a trabajadores del IPS, Servicio Médico Legal, cementerios y otros.
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