El Senado aprobó este martes el mecanismo destinado a compensar a los municipios por la pérdida de ingresos que generará la exención del pago de contribuciones para adultos mayores sobre su primera vivienda, con lo que la denominada megarreforma quedó despachada del Congreso.
La votación correspondía al último artículo pendiente del informe de la Comisión Mixta y había sido aplazada el 23 de julio, luego de que el Gobierno advirtiera que no contaba con los votos suficientes para aprobarlo.
La fórmula impulsada por el Ejecutivo busca compensar tanto los recursos que los municipios dejarán de recibir directamente por concepto de impuesto territorial como el efecto que tendrá la medida sobre el Fondo Común Municipal.
Con esta votación concluye la tramitación legislativa de uno de los principales proyectos económicos del Gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa, denominada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, contempla entre sus principales medidas una rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23% en cuatro años, la reintegración del sistema tributario y un régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.
El proyecto también establece la exención de contribuciones para mayores de 65 años respecto de su primera vivienda, una de las disposiciones que generó mayor controversia durante la tramitación debido a su eventual impacto en las finanzas municipales, y por la que parlamentarios de oposición anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional.
La fórmula de compensación dividió a los alcaldes durante las últimas semanas. Mientras un grupo de jefes comunales oficialistas respaldó la propuesta del Gobierno, otros principalmente de oposición advirtieron sobre los efectos que podría tener la menor recaudación del impuesto territorial y exigieron garantías permanentes para resguardar los ingresos de las municipalidades.
Pese al despacho del Congreso, la iniciativa todavía no está lista para su promulgación. El Gobierno anunció que presentará vetos presidenciales respecto de algunas normas incorporadas durante la discusión parlamentaria, entre ellas el denominado derecho al olvido financiero y la prohibición del anatocismo. La Moneda también ha señalado que es “altamente probable” que objete modificaciones relacionadas con el pago a 30 días para las pymes.
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