Senado aprueba en general el proyecto “Escuelas Protegidas”

La Sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast que busca reforzar la seguridad, el orden y la convivencia dentro de los establecimientos educacionales. La propuesta obtuvo 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones.

El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y continuará este martes con su discusión y votación en particular, luego de un acuerdo adoptado por la Sala del Senado. Una vez concluido ese proceso, la iniciativa volverá a la Cámara de Diputados para continuar su última tramitación legislativa.

La propuesta contempla nuevas herramientas de control y resguardo dentro de los recintos educacionales, incluyendo revisión de mochilas bajo ciertas condiciones, fortalecimiento de la autoridad docente y sanciones frente a hechos de violencia escolar. También incorpora protocolos de actuación ante posibles delitos al interior de colegios y liceos.

Durante el debate, el senador Cristián Vial (PRep) defendió la iniciativa y sostuvo que responde a las necesidades que enfrentan actualmente las comunidades educativas frente al aumento de hechos violentos en establecimientos escolares. “Fortalece la autoridad dentro y fuera de la sala de clases”, señaló.

Sin embargo, el proyecto también generó cuestionamientos desde la oposición y sectores del oficialismo. La senadora Yasna Provoste (DC) advirtió que varias de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo aún no eran conocidas en detalle al momento de la discusión. “Estamos legislando con discusión inmediata un proyecto que toca derechos fundamentales”, afirmó.

Entre los puntos más controvertidos aparece la posibilidad de revisar pertenencias estudiantiles y la eventual intervención policial dentro de establecimientos educacionales cuando existan sospechas de delitos o negativa a colaborar con procedimientos de seguridad.

El proyecto también establece una presunción de veracidad respecto al relato de docentes en procedimientos disciplinarios y entrega mayores facultades a directivos para aplicar medidas correctivas frente a interrupciones graves de clases o hechos de violencia escolar.