20 de enero 2022

Veritas Capitur

La Verdad se Conquista

El proyecto de ley que reforma al Código de Aguas dio un nuevo paso en su trámite legislativo, al ser aprobado en su discusión en particular en la Sala del Senado. Con esto, la iniciativa que busca modificar el régimen jurídico de las aguas contenido en el Código de Aguas de 1981, volverá a la Cámara de Diputados para iniciar el tercer trámite legislativo en el camino para ser promulgado como Ley.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, destacó esta aprobación unánime del Senado y afirmó que «este proyecto de ley es una herramienta extraordinariamente importante y que una vez que esté ya en posibilidades de ser una ley para entregar nuevas atribuciones y tener esta nueva forma de llevar adelante las cosas».

“Va a permitir que nuestro país pueda avanzar en esta materia de mucho mejor manera con un proyecto que ha sido aprobada prácticamente en forma unánime en sus diversas partes a lo largo de toda esta tramitación. Eso también nos da una legislación que tiene el apoyo de todos los sectores, que es reconocida como una legislación justa, correcta y equitativa y eso también es un elemento importante para la situación de emergencia que tenemos hoy”, sostuvo Moreno.

Los artículos del proyecto que fueron sometidos a votación  en la Sala del Senado se pueden agrupar en temas que tienen relación con el deber del Estado de asegurar el agua para el consumo humano y saneamiento, las multas asociadas a los derechos de aprovechamiento de aguas, las patentes por no uso de los derechos, los derechos de indemnización de los afectados por redistribución de los caudales y los planes de cuencas, además del fondo destinado a la investigación e innovación de recursos hídricos.

En lo principal, el proyecto de ley reconoce el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano con carácter de esencial e irrenunciable; considera al agua como un bien nacional de uso público cuyo dominio y uso pertenecen a todo los habitantes; los derechos de aprovechamiento de aguas se constituirán en función del interés público, que incluye el resguardo del consumo humano y el saneamiento, la preservación del ecosistema, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos.

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