Senado despacha proyecto para extender vigencia de ley que prohíbe el corte de servicios básicos

Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó el proyecto que prorroga los efectos de la ley que prohíbe el corte por mora y permite la reprogramación de deudas de servicios básicos -luz, agua y gas por red-, durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19; normativa que venció el pasado 8 de noviembre.

La iniciativa, ingresada por los senadores Yasna Provoste (DC), Ximena Rincón (DC), Carlos Bianchi (IND), Álvaro Elizalde (PS) y Francisco Huenchumilla (DC), quedó en condiciones de iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados y Diputadas.

“Nos encontramos en una situación que es muy preocupante, porque más de un millón de chilenos y chilenas están morosos en el pago de los servicios básicos y no pueden reprogramar sus deudas porque no lo han solicitado expresamente, y las empresas no están facultadas para reprogramarlas de manera unilateral, aun cuando estas sean sin multas ni intereses”, expresó Provoste.

Asimismo, la congresista por Atacama puntualizando en que “estos montos, sumados al pago de arriendos, dividendos, y otros pagos que se deban realizar en los hogares; junto a la disminución de los ingresos de muchas familias y a los niveles de cesantía que afectan al país, será imposible de asumir por parte importante de nuestras comunidades”.

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A lo anterior, la senadora Yasna Provoste reiteró las cifras entregadas por la Súper Intendencia de Electricidad y Combustibles que, al 31 de agosto, registran 750.417 deudores morosos de electricidad, donde solo 6 mil 720 de ellos solicitaron reprogramar las deudas que ya en promedio acumulan $315.094. En el caso del gas por red ocurre algo similar, existen más de 70.271 clientes morosos y solo 862 pidieron reprogramar sus deudas que en promedio suman $200.892, en este periodo.

En lo fundamental, el proyecto (boletín 13848-03) busca ampliar el plazo de aplicación de la Ley de Servicios Básicos hasta abril del año 2021; ampliar los meses de prorrateo de 12 a 36 meses; hacer automática la reprogramación de las deudas por el solo hecho de no cancelarlas en la fecha que corresponde, salvo la negativa expresa del usuario. Finalmente, la propuesta establece también mecanismos adecuados de información de parte de las empresas a sus clientes.