La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) reconsiderar el dictamen que concluyó que excedió sus atribuciones al pedir información reservada a la PDI sobre funcionarios de la institución.
La presentación fue ingresada por su defensa, encabezada por los abogados Juan Carlos Manríquez y Bárbara Salazar, quienes pidieron dejar sin efecto el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
En el escrito, la defensa acusó “errores de derecho” y sostuvo que el dictamen habría vulnerado el derecho a defensa de la exsecretaria de Estado. Según plantearon, Contraloría habría emitido un juicio sobre su conducta sin haberle otorgado una oportunidad real para presentar descargos.
El caso se remonta al oficio reservado enviado por Steinert el 13 de marzo de 2026 al director general de la PDI, Eduardo Cerna, dos días después de asumir como ministra. En ese documento solicitó antecedentes sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Tarapacá, unidad que había trabajado con ella cuando se desempeñaba como fiscal regional.
El dictamen de Contraloría concluyó que la exministra excedió sus atribuciones al requerir datos personales, administrativos, disciplinarios y eventualmente penales de funcionarios específicos. El organismo sostuvo que no se acreditó de qué manera esa información se vinculaba con las funciones legales del Ministerio de Seguridad.
Además, Contraloría señaló que Steinert debía observar su deber de abstención, debido a que la información solicitada se relacionaba con una unidad policial que había colaborado con ella en su anterior cargo en el Ministerio Público.
La polémica estuvo vinculada a la salida de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, quien fue llamada a retiro días después del oficio. En su pronunciamiento, Contraloría no objetó la legalidad de esa decisión, pero sí cuestionó el requerimiento de información enviado por Steinert.
En la solicitud de reconsideración, la defensa de la exministra sostuvo que el dictamen habría incurrido en una interpretación errónea sobre las atribuciones del Ministerio de Seguridad y sobre el deber de abstención. También alegó que se le atribuyó una infracción administrativa sin un procedimiento previo que garantizara su defensa.
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